El secretario general del Sindicato de Delivery de Perú, Harvey Buitrago, indicó: “Cuando nos dejan una propina, la aplicación, como Rappi, que es la más inmoral para los trabajadores, dice que para qué nos van a pagar si ya recibirnos dinero del cliente”.
La organización detectó la falta de registro de empleados, relaciones laborales ocultas bajo el régimen monotributo y subinscripción diurna o salarios.
El Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires sancionó a la plataforma de delivery por “aumentar las ganancias a costa de trasladar gastos y costos operativos de la propia plataforma a los consumidores y usuarios”.
La plataforma digital deberá afiliar a los trabajadores a todos los subsistemas del Sistema Integral de Seguridad Social. Éste es el primer acuerdo que reconoce la organización laboral de los trabajadores del sector.
El secretario general del Sindicato Único de Conductores de Moto de la Argentina, Mariano Robles, señaló que “si un trabajador que no cuenta con obra social o se accidenta en una moto, no va a tener un hospital público en el que lo curen gratis”.
"Las plataformas como Rappi y PedidosYa generan trabajo para los repartidores, pero niegan que al ser precarizados sus ganancias se multiplican”, sostuvieron desde la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte.
Trabajadores de empresas como Rappi o Pedidos Ya se manifestaron este jueves en las puertas del Congreso y luego se reunieron con diputados para pedir que se elabore una ley que les garantice cobertura de ART y que los saque de su situación de monotributistas.
“La mayoría de estas empresas de plataformas son extranjeras y no tributan en el país, por lo tanto hay que avanzar para que no haya evasión”, advirtió el titular de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte, Omar Maturano.
Las empresas amenazan con irse del país si llega a instrumentarse la registración de los trabajadores. Algunos dirigentes de la derecha política salieron a respaldar esta postura que busca resguardar la ganancia empresaria en detrimentro de los derechos laborales.
La iniciativa establece la creación de un Registro Provincial, Único y Obligatorio para trabajadores y trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones, en el cual deberán registrarse las actividades de entrega y retiro de alimentos y objetos realizadas en autos, motos o bicicletas.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires les aplicó a ambas empresas de delivery multas mayores a 400 millones de pesos por cobrar, además del envío, un cargo extra denominado “tarifa por servicio”, que se trataría a priori de un “costo” adicional empresario que se traslada a los consumidores.
Desde la Regional Américas de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte señalaron que empresas como esta “se enriquecen a costa del trabajador y de las trabajadoras” y que “no les basta con precarizar”.