El Ministerio Público de la Defensa presentó el Registro Provincial de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, abuso policial y malas prácticas y demás afectaciones de Derechos Humanos. El mismo fue creado en marzo de 2012 por Resolución del Defensor Provincial y funciona dentro del ámbito de la Defensoría de la provincia de Santa Fe.
Los datos del informe surgen del relevamiento de una planilla estructurada que llega a la defensoría desde los distintos lugares de detención, no sólo de las denuncias sino también de las comunicaciones donde las víctimas desisten de formalizar la denuncia.
La intención de este relevamiento es desarrollar políticas públicas que desarticulen las prácticas vinculadas a la violación de los Derechos Humanos. Lo cual indica que el registro tiene un objetivo concreto que tiene que ver con generar información para identificar la población que es más vulnerable a estas prácticas, dónde y cómo se realizan; y quiénes son los responsables de este tipo de agresiones.
La información llega a la Defensoría a través de llamados telefónicos, de relevamiento en los medios de comunicación, así como también a través de denuncias de personas que se presentan en la Defensoría, pero específicamente surgen del monitoreo que se realiza en los distintos centros de detención entre los cuales se encuentran comisarías, unidades penitenciarias y hospitales psiquiátricos monovalentes.
Para entender esta problemática es necesario definir que “violencia Institucional” es la práctica que tiene como consecuencia la vulneración de los derechos de las personas.
A su vez, este concepto está conformado por tres componentes, entre los cuales se pueden mencionar las prácticas violatorias de los Derechos Humanos, actuación de un funcionario público y restricción de la libertad ambulatoria.
El concepto de violencia institucional da cuenta de innumerables prácticas que van desde la “detención por averiguación de antecedentes” hasta las formas más extremas de violencia como el asesinato, conocido como “gatillo fácil”, además de la tortura física y psicológica.
Estas prácticas también son desarrolladas por personas que trabajan en el ámbito privado, como la restricción de la libertad ambulatoria, en lugares como centros de salud mentas o establecimientos destinados a la atención de personas discapacitadas.
Cabe señalar que las entrevistas se efectúan bajo el principio de máxima confidencialidad, esto implica que la misma se realiza sin la presencia, observación y/o escucha directa de personal policial, penitenciario y sólo la realiza personal de la Defensa Pública, situación que evita condicionar el relato de la víctima y exponerla a posteriores represalias.
Durante los relevamientos se realizan entrevistas con los funcionarios penitenciarios e inspecciones oculares de los lugares de encierro a fin de relevar las condiciones materiales de vida teniendo como criterio estructurante los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos.
La información del Registro muestra datos recolectados en el período comprendido desde enero a diciembre del 2015 y revela que existe un total de 274 víctimas, de las cuales muchas de ellas han sufrido este tipo de maltratos en más de una oportunidad. La mayor parte de las violaciones a los derechos son protagonizadas por personal de la policía provincial y los destinatarios de estas prácticas son varones jóvenes y que residen en la periferia de la ciudad. Otro dato llamativo es que las víctimas pertenecen a sectores vulnerables de la ciudad y con escaso nivel de instrucción, lo que denota que la fuerza policial es selectiva al momento de realizar estas prácticas.
Del informe se desprenden datos duros que muestran una realidad compleja que es necesario combatir y para esto, desde el Ministerio Público de la Defensa proyectan minimizar la cantidad de casos diseñando políticas acordes para bajar los casos de violencia institucional.
Durante el año 2015, de un total de 274 víctimas, el 98 por ciento son varones y sólo el 2 por ciento, mujeres. La distribución porcentual según los grupos etarios muestra que dentro del 68 por ciento de las víctimas de violencia institucional tienen entre 18 y 28 años. En tanto, el promedio de edad de las víctimas es 27 años, aunque la mayor incidencia se observa en la franja de los 19 años.
El Registro muestra que de un total de 274 personas, el 90 por ciento de las víctimas pertenecen a un sector social con los niveles más bajos de educación formal. De lo cual se desprende que los datos de edad y nivel educativo dan una pauta en la regularidad de los destinatarios de estas prácticas, que desarrollan las instituciones que detentan el uso de la fuerza.
La ciudad de Rosario concentra la mayor cantidad de casos donde se observa que un porcentaje mayoritario se ubica en las zonas periféricas. De este dato se desprende que la mayor concentración de hechos se suceden en el sur y en el noroeste de la ciudad, específicamente en los barrios cercanos a la localidad de Villa Gobernador Gálvez.
Entre ellos se pueden mencionar los barrios Matheu, 17 de Agosto, Las Flores, Las Delicias y parte del barrio San Martín. De estos barrios hay que mencionar que en jurisdicción de la seccional 15ª del barrio Matheu registraron 8 casos de abuso policial.
En tanto en los demás barrios mencionados se registró un total de doce hechos. Cuatro de ellos fueron en la seccional 21ª de barrio Las Delicias, en tanto otros dos en la sub comisaría 20ª y los demás fueron en la vía pública. Dos de los principales barrios con mayor cantidad de afectaciones a los DD.HH. por parte de la policía, es Triangulo y Moderno (en el mismo también se encuentra un gran asentamiento conocido como “Villa Banana”) donde en la seccional 19ª se registraron nueve hechos.
Vale aclarar que un porcentaje menor de las prácticas de violencia institucional se localiza en la zona centro, aunque los criterios de selectividad de las víctimas responden al patrón socio demográfico descripto. Por lo tanto, el hecho pudo haber tenido lugar en barrios de alto poder adquisitivo, la selectividad como patrón modelador de las prácticas de violencia institucional persiste y las víctimas responden a los criterios etarios, educativos y económicos por una parte, y por la otra, la selectividad territorial responde a zonas geográficas, caracterizadas por la precariedad, la pobreza y la exclusión social.
Por otra parte, en cuanto a los victimarios el Registro de la Defensoría reveló tipos, características y naturaleza del conjunto de prácticas de violencia institucional relevadas. Así se desprende que una de las características de estas prácticas de selectividad poblacional está configurada por el alto grado de violencia de las detenciones en plena vía pública. Los datos indican que de un total de 667 hechos de violencia institucional (274 víctimas que sufrieron más de un hecho de violencia) el 51 por ciento de de las víctimas lo padeció en la vía pública, mientras que el 37 por ciento lo vivió dentro de una comisaría. En un menor porcentaje ocurrieron dentro de una Unidad de traslado o en la Alcaidía.
Otra dato revelador es el porcentaje que arroja el Registro con respecto a la fuerza a la que pertenece el autor de los hechos de violencia institucional. En este punto el personal de comisaría presenta la mayor cantidad de menciones, seguido por el comando radioeléctrico. En total, reuniendo el total del personal policial, la fuerza concentra el 94 por ciento de las violaciones a los Derechos Humanos.
Los testimonios de las víctimas dieron cuenta de otra característica de este accionar policial que se visualiza en la discrecionalidad y arbitrariedad con la que se efectúan estas violaciones a los DDHH. En tanto, el rango horario en el que se registran mayor cantidad de casos es durante la madrugada con un 28 por ciento, pero es necesario señalar que dichas prácticas discrecionales no se ven mayormente afectadas por el momento del día en el que se efectuaron las mismas ya que los porcentajes no difieren demasiado en otros momentos del día, como por ejemplo erl 20 por ciento durante la mañana, el 18 por ciento por la noche, el 123 por ciento durante las horas de la siesta y el 10 por ciento por la tarde, mientras que un 4 por ciento manifestó que durante todo el día fue víctima de estas prácticas.
Con respecto a las circunstancias en las que se producen estas prácticas, de un total de 274 víctimas, un total del 59 por ciento reveló que se sucedieron durante el momento de detención, un 16 por ciento en los lugares de alojamiento transitorio, un 15 por ciento en el ingreso a los lugares de detención mientras que una menor proporción del 5 por ciento padeció maltratos durante un interrogatorio.
En relación al tipo de tortura o maltrato el informe determinó tres tipos entre los que se encuentran los maltratos físicos, psicológicos y otros tipos de afectaciones a los Derechos Humanos. Lo que arrojó que de un total de 323 casos, el 85 por ciento sufrieron algún tipo de maltrato físico, mientras que el 14 por ciento padeció maltrato psicológico y un 19 por ciento fue víctima de otros tipos de afectaciones a los Derechos Humanos. Estas cifras revelan que una misma persona recibió al menos 2 de un máximo de 3 tipos de agresión.
Entre los tipos de agresiones físicas se pueden mencionar golpes, golpizas, balas de goma, picana, puntazos o cortes, asfixia o submarino seco, quemaduras, abuso sexual, gas pimienta, ducha o manguera de agua fría. De todos modos los golpes o golpizas son las agresiones más frecuentes que comunican las víctimas, lo que da cuenta de algunos trazos de la cultura institucional autoritaria que persiste en la actualidad y en las agencias de control.
Por otra parte, las prácticas violentas no se reducen sólo a la agresión física sino que un gran porcentaje se enmarca en las agresiones psicológicas dentro de las cuales se pueden mencionar amenazas constantes, maltratos a familiares, impedimento de vinculación familiar y requisas agraviantes a familiares y niños. Entre la categoría “otras afectaciones a los Derechos Humanos”, se puede mencionar en un alto porcentaje, el armado de causas, falta de atención médica, exigencias indebidas de dinero, y en un menor porcentaje la obtención de pruebas falsas, falta de atención de grupos de personas de alto riesgo, actos realizados por restantes operadores de alto riesgo, actos realizados por restantes operadores del sistema penal, falta de recepción de denuncias, hostigamiento a defensores y alojamiento de menores con mayores. También se registra la falta de provisión de medicamentos tanto en varones como en mujeres en la misma proporción.
La denuncias
El informe revela que del total de las víctimas, el 59 por ciento realiza la denuncia formal del hecho, mientras que el 41 por ciento no lo hace. Esto no es casual y la respuesta de las víctimas en los casos que deciden no denunciar refieren que teme a represalias un 71 por ciento, mientras que el 19 por ciento manifestó que empeorará la situación en la detención, en tanto el 5 por ciento considera la su palabra no vale y un 4 por ciento dijo que el aparato judicial no persigue a policías y por último un 1 por ciento indicó que no confía en jueces y fiscales.
Finalmente, el informe reveló que existe el ejercicio de las prácticas de violencia institucional es selectiva y está orientada sobre cierto tipo de población y responde a criterios etarios, educativos y económicos y que también se manifiesta en determinadas zonas geográficas, caracterizadas por la precariedad, la pobreza y la exclusión social. La mayor cantidad de casos ocurren en territorios marcados por la pobreza.
Además, al interior de las agencias de Seguridad del Estado se constataron patrones de regularidad y sistematicidad, patrones de regularidad que se hacen visibles en los tipos de violencia en relación a distintas áreas de las fuerzas policiales.
