Por Florencia Vizzi
En el marco de la charla debate titulada «Conflicto, protesta y represión: persecución y criminalización de las protestas sociales», organizada por el Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos «Juan Carlos Gardella» y la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario (AALR), Jorge Elizondo, presidente de ésta última, conversó con Conclusión al respecto y se detuvo en las cuestiones fundamentales que preocupan a la organización, fundamentalmente, el encuadramiento de las protestas sociales en figuras penales y el rol de los medios de comunicación
«La idea de la charla es generar un espacio de debate en el cual se pueda poner sobre el tapete la cuestión de la protesta y la represión de la misma a través de distintas figuras penales, y el rol de la prensa y los medios de comunicación en el tema», explicó el letrado.
«La propuesta es intercambiar opiniones entre organizaciones sindicales, dirigentes populares, organizaciones políticas, abogados laboralistas y penalistas, para analizar la situación y proponer ideas y medidas a adoptar tanto ante el crecimiento de la represión como por la justificación que de la misma se efectúa desde los medios de comunicación dominantes».
En la actividad participarán el doctor Antonio Ramos, ex juez penal de sentencia, la doctora Matilde Burera, docente de la UNR y defensora oficial federal, Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos y Gabriela Durruty, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Durante la entrevista, Elizondo hizo especial hincapié en el rol de los medios como portadores y multiplicadores de un discurso tendiente a criminalizar a los trabajadores que legítimamente protestan intentando defender sus derechos laborales y fuentes de trabajo «a quienes, repetidamente, se los presenta como violentos «que cometen delitos o que incurren en ilícitos cuando hacen huelga, cuando marchan, cuando manifiestan en las calles, como ocurrió con los docentes, a quienes reprimieron por montar la escuela itinerante», enfatizó el letrado.
«Es claro que hay un sector, pequeño, de la población que está de acuerdo con estas prácticas represivas, así como hay un sector que avala el ojo por ojo y diente por diente y se queja del «garantismo», como si no debieran existir garantías para aquellos que son acusados de un delito. Y hay periodistas y medios que día a día, hora a hora, azuzan esta cuestión… esta situación es la que de alguna manera ha creado las condiciones para que algunos conductores embistan manifestantes por ejemplo e incurran en crímenes graves».
Elizondo sostuvo que «no hay dudas de que hay una campaña orquestada del gobierno nacional contra la lucha y protestas de los trabajadores».»Desde que este gobierno inició su mandato el 10 de diciembre de 2015 ha incurrido, desde su origen, en la violación de los derechos laborales de los trabajadores, comenzando por los despidosa los empleados estatales, a quienes calificaron de ñoquis y grasa militante. Y a los pocos días de asumir, reprimieron a los trabajadores de Cresta Roja en la autopista» , recordó el abogado, y agregó: «Yo creo que estamos en una situación muy peligrosa, de desconocimiento claro de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores y de recrudecimiento y perfeccionamiento de los mecanismos de represión a partir del aparato del Estado, ejercida en su más variadas formas, que se sirve de los servicios de inteligencia y otros organismos policiales y militares. Y que usa además la intimidación y la acción psicológica sobre los trabajadores, el armado de causas contra dirigentes de organizaciones sindicales y las amenazas a sus familias».
«En ese contexto, señaló el presidente de la AALR, se suma la acción de los organismos judiciales a través del encuadramiento de las luchas populares en figuras del Código Penal. Por ejemplo, el uso del artículo 181, que se aplica en los casos de ocupación de empresas que están al borde de ser cerradas o que ya lo han sido por parte de sus trabajadores, a quienes se acusa de usurpadores», ilustró el letrado. «Sin embargo, es todo lo contrario. Lo que se pretende a través de la ocupación es evitar el vaciamiento y los despidos en masa y proteger la maquinaria. No existe el ánimo de apoderarse del establecimiento ni de desplazar de la posesión o tenencia al empresario». entonces si los trabajadores ocupan no es un acto ilícito sino que es un acto de autodefensa de sus propios derechos y de sus fuentes de trabajo»
«Otro tanto ocurre con los cortes de calles o rutas, continuó, sobre los que se aplica el artículo 194 del Código Penal: ‘impedir, estorbar, o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes’. Pero lo que no se dice es que ese tipo penal requiere de un dolo específico, una intención de perjudicar. Pero los cortes de rutas tienen un móvil muy diferente que es, generalmente, expresar el descontento por la falta de trabajo o el abandono por parte de los gobiernos nacionales, provinciales o municipales y el estado de necesidad en el que se encuentran miles de personas como consecuencia de la aplicación a rajatabla de este ajuste. La ruta se corta, en estos casos, porque los trabajadores lo que buscan es hacer conocer y visibilizar sus problemas o su falta de trabajo, o para mostrar una situación social de necesidad. A veces no hay más remedio que hacerlo. Por otra parte, el piquete siempre fue una modalidad utilizada por el movimiento obrero o sindical para dar a conocer e informar acerca de los fines de una medida determinada y en segundo lugar para garantizar el éxito de esa medida».
Los medios de comunicación y el avance de la represión
Elizondo vuelve al tema del rol de la prensa en determinados conflictos. » Los medios masivos de comunicación son, en su mayoría, medios de desinformación e intoxicación informativa. En algunos casos por falta de información y en otros por exceso y distorsión. O falta de información del hecho y desconocimiento del mismo».
«Así se pretendió encubrir la represión a los maestros», enfatiza. «Hemos visto a la propia ministra de Seguridad de la Nación decir que fueron ellos los que agredieron a la policía. Bueno, esto es lo más grosero y se contrarresta fácilmente con la visión de los videos. Sin embargo, recordemos que, desde los primeros minutos, desde los medios decían «no son docentes, son gremialistas», como si ser docentes y gremialistas fuera antagónico, o como si ser gremialistas fuera un tipo de delito. Como si ejercer la defensa de los derechos laborales fuera un crimen. Entonces ahí se cuela el elemento distorsionante del conflicto y se dice indirectamente «ser gremialistas es ser chorro, ser mafioso, o ser delincuente», o «si protestás sos kirchenrista, como si el hecho de serlo representara un delito. Así como antes se agitaba el término subversivo, hoy puede ser cualquier cosa. Puede ser gremialista, kirchnerista, o comunista, como si representara un crimen que se combate con represión y que la justifica».
«El objetivo de todo esto es desvirtuar la legitimidad de la lucha contra este plan económico y contra esta situación de incertidumbre que viven la mayor parte de los trabajadores, en muchos casos sin saber por qué. Nuestro objetivo es esclarecer las causas económicas de la situación que estamos viviendo y desmitificar esto de que «todo es culpa del gobierno anterior»»
«Frente al avance de la represión, hay que empezar por denunciar por todos los medios los abusos policiales y tratar de difundir, explica el letrado laboralista. Hay que hablar sobre el famoso «protocolo antipiquete». Hay que decir que no es ninguna ley, que no fue presentado ante ninguna cámara legislativa para convertirlo en ley y que es simplemente una serie de medidas que adoptan los organismos de seguridad, la mayoría, copiados de otros sistemas represivos, como los utilizados por el Estado de Israel para reprimir a los palestinos. Son medidas extremas, son medidas con las cuales se pretende paralizar e intimidar».
El poder judicial y el caso Milagro Sala
Consultado sobre la causa que mantiene a la dirigente de la Tupac Amaru en prisión, Elizondo entiende que el caso de Milagro Sala podría ser considerado un «caso testigo» sobre como actuaron en sintonia los medios, el gobierno nacional y el provincial y el Poder Judicial.
Milagro Sala fue condenada antes que nada por los medios de comunicación, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Se ha insistido una y otra vez en todos los canales, diarios y radios del país, en que es «violenta», «ladrona» , «corrupta», entra tantas otras cosas… sin embargo, señala el abogado, «aún no se ha demostrado nada por la vía judicial».
«El Poder Judicial es el más aristocrático y el menos democrático de los poderes del estado», afirma el presidente de la AALR. «Y no hay dudas que hay una importante sector del mismo que responde abiertamente al gobierno nacional actual y que está y ha estado por años al servicio de los grandes grupos económicos dominantes. Independientemente de las cuestiones personales o de los calificativos que cada uno crea que le corresponden desde el punto de vista ético».
«Lo que se está viendo en Jujuy es esta cuestión al extremo. El Poder Judicial de Jujuy es dependiente del Ejecutivo. Por eso es que Gerardo Morales, apenas asumió, nombró a dos legisladores radicales en el Tribunal Supremo de la provincia. O sea gente que estaba en el poder legislativo fue puesta a dedo en el poder judicial para asegurarse la mayoría en el Tribunal Superior de Justicia», enfatizó.
«Las causas contra Milagro Sala tienen todo tipo de fallas judiciales y no tienen fundamentos. Por esa razón, tantos organismos internacionales se han pronunciado por su libertad. Por otra parte, lo que no se puede hacer en materia judicial es meter presa a una persona por una contravención y luego mantenerla presa por otras causas. En este caso, la encarcelaron por haber iniciado una manifestación para reclamar por el respeto a los derechos de las cooperativas frente a la casa de gobierno de Jujuy. La detuvieron por una contravención y a pesar de que le correspondía quedar en libertad inmediatamente, le armaron nuevas causas con el objetivo de que continúe detenida. Aún en el caso de que esas causas existan, no hay ningún motivo para dejarla detenida. En este momento, en el país, hay miles de personas que están encausadas y acusadas de diversos delitos, muchos de ellos más graves de los que le atribuyen a Sala y esperan su proceso en libertad. Sin ir más lejos, por hablar de causas resonantes, Gustavo Arribas está acusado de haber recibido coimas de Oderbrecht y de estar involucrado en el lavajato y sin embargo, está en libertad. Sólo por nombrar una», especificó Elizondo.
«El principio general del derecho penal es que ninguna persona queda detenida mientras se lo investiga, salvo que pudiera entorpecer el proceso (que represente peligrosidad procesal) o que represente riesgo de fuga, solo en ese caso se justifica, o en los crímenes gravísimos, homicidio por ejemplo. No estamos diciendo que no se la enjuicie o que los procesos no sigan, si es que corresponde que continúen, pero que se haga debidamente. Porque, lo que se pretende en el fondo, no es hacer ningún tipo de justicia, sino desorganizar y paralizar a la Tupac Amaru y a las organizaciones populares de Jujuy», cerró el abogado.
La charla debate: «Conflicto, protesta y represión: persecución y criminalización de las protestas sociales» tendrá lugar el próximo viernes 28 de abril a la 16, en la biblioteca de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario (Corrientes 450 – 1º piso).
Foto: Gentileza ATE
