Por Aldo Battisacco

A pocas horas de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto del denominado tarifazo, distintas cámaras empresarias nacionales vinculadas con la producción, entidades que nuclean el comercio y los servicios se encuentran reunidas analizando el alcances de la decisión del máximo tribunal.

En Santa Fe, la situación no es distinta, ya que fue imposible entablar comunicación con los grandes empresarios.

Desde los pequeños y medianos empresarios en los que se encuentran además comprendidas cooperativas y empresas recuperadas emitieron un comunicado en el que piden el acceso al servicio básico del gas porque es indispensable para la continuidad de la actividad económica de comerciantes, empresas, fabricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales dependen gran cantidad de puestos de trabajo.

Según fuentes vinculadas a sectores del comercio y los servicios se sostiene el fallo -que sólo favorece a consumidores residenciales- constituye un 26% del consumo total. El freno será hasta que se constituyan audiencias públicas.

Además se sostienen que el 74% restante, en el que se incluyen empresas, comercios, fábricas, industrias, se les aplicará de forma retroactiva porque no son considerados consumidores vulnerables porque tienen la posibilidad de trasladar al cliente el incremento de sus costos.

Motivo por el cual los usuarios del servicio que dan uso al gas como insumo de un proceso le llega el tarifazo de forma indirecta y estos a su vez lo trasladarán a precios.

Un empresario que solicito permanecer en el anonimato dijo que se esta estudiando la presentación de amparos, pero hasta que no se tenga la certeza sobre que aspectos específicos no lo harán, y adelantó que mañana tendrán un mejor panorama que el que tienen hasta ahora.

Y adelantó que persiste el temor porque «la medida es insuficiente y desprotege a las pequeñas y medianas empresas y comercios, lo que puede provocar más cierres, más despidos y más inflación”.

Según un economista, la acordada deja abierta la puerta para terminar con la regulación del precio en boca de pozo, o, como dice la Corte suprema de Justicia «Precio Ingreso Sistema de Transporte» (PIST), tal cual estipulaba el decreto de Nestor Kirchner del año 2004.

La resolución del máximo Tribunal promueve volver a mecanismos de mercado, al decir que se hará»A partir de la fijación según reglas de oferta y demanda, no será necesaria la audiencia, porque se aplica la ley 24078″ y agregó que industrias, centrales eléctricas, comercio, productores y GNC, pagará los aumentos que fijó el PEN.

Desde algunas áreas del estado santafesino trascendió que han recibido innumerables llamados de empresarios, industriales y productores con la intención de comentar los alcances de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia.

Pymes quedaron afuera del fallo y peligran miles de puestos de trabajo