Miles de estudiantes manifestaron este jueves en varias ciudades españolas contra la sentencia que exculpó de violación de una joven a cinco hombres autodenominados «La Manada» y los condenó solo por abuso sexual, un delito con pena menor.
Dos organizaciones de izquierda anticapitalista, el Sindicato de Estudiantes y su plataforma feminista, convocaron una huelga en institutos de enseñanza secundaria y universidades y manifestaciones en unas cuarenta ciudades, a dos semanas de la polémica sentencia, que califican de «aberrante» y «vergonzosa». Exigían la expulsión de la magistratura de los jueces que emitieron el fallo.
Miles de manifestantes, en su mayoría estudiantes de secundaria, gritaron «fuera machistas de los juzgados» y «justicia de mierda» en las calles de la capital española. En Barcelona, unas 4.500 personas se unieron a la protesta según la policía, y 30.000 según los organizadores.
Los cinco hombres de entre 24 y 27 años, que grabaron los hechos para jactarse, fueron condenados a nueve años de prisión cada uno por «abuso sexual» en grupo de una joven madrileña de 18 años, durante las fiestas de San Fermín de 2016.
Para que haya violación, el Código Penal español considera que debe haber intimidación y violencia, dos elementos que no observaron los jueces del tribunal de Navarra, dos hombres y una mujer, generando una enorme indignación en España.
Tras un juicio muy mediatizado, el fallo dado a conocer el 26 de abril ha sido recibido con masivas manifestaciones populares de rechazo. Hasta la ONU criticó la sentencia. Su portavoz en materia de acoso sexual, Purna Sen, indicó el lunes en un comunicado que «la leve sentencia contra La Manada en España subestima la gravedad de la violación y socava las claras obligaciones de defender los derechos a las mujeres».
«Hay que escuchar a Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, a asociaciones de mujeres, a 1.800 psicólogos y siquiatras que nos han dicho que tenemos que revisar la orientación de nuestra legislación para proteger a las mujeres», aseveró el martes el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, en momentos en que se estudia una reforma del Código Penal.
Las denuncias por violación han sufrido una fuerte alza en España, según el ministerio del Interior, que registró 1.382 de ellas en 2017, un 10,6% más que un año antes.
