El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires finalmente permitirá publicar declaraciones juradas de los funcionarios. El Estado bonaerense dijo reconocer «un error en la redacción» del decreto 647 y anunció a través de un comunicado que derogará los artículos 1, 2 y 7 del mismo.
En el decreto, la gobernadora María Eugenia Vidal reglamentó el modo en que se harán públicas las declaraciones de los funcionarios bonaerenses y dispuso que habrá una versión extendida, que tendrá carácter reservado, y otra sintética, a la que se podrá acceder de forma pública.
El decreto contemplaba sancionar con penas de hasta dos años de prisión a funcionarios, empleados y terceros que “vulneren el carácter y/o contenido” de las declaraciones reservadas de ministros, subsecretarios, directores, policías y agentes del servicio penitenciario. La medida disponía “sanciones” a quienes difundan “cualquiera de los datos” contenidos en las versiones extendidas de las declaraciones y para quienes usen “indebidamente” las versiones sintéticas o “cualquiera de los datos en ellas contenidos”.
La marcha atrás anunciada, según el Ejecutivo bonaerense, se da con el fin de «despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier asunto de interés público». Antes, debido a las reacciones por su decreto, Vidal utilizó su cuenta de Twitter para aclarar que si existía «alguna cuestión técnica que generó dudas», la misma sería revisada.
