El ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró hoy que existe «una sobredosis de Comodoro Py, que es una parte muy chica de la Justicia» y sostuvo que esa «simbiosis» entre los tribunales federales y la prensa «donde parece que se necesitan mutuamente y se van retroalimentando, es parte del problema que no es bueno para el país».

Garavano enmarcó en esta lectura frente a la decisión del fiscal federal Guillermo Marijuán de investigar a la vicepresidenta Gabriela Michetti por el origen del dinero que le sustrajeron de su casa el mismo día en que resultó electa junto con el presidente Mauricio Macri.

«Es parte de un proceso en el que todo se judicializa, donde siempre hay alguien que hace una denuncia y sobreactúa determinadas cosas», afirmó el ministro en Radio Del Plata.

Agregó que la situación «termina siendo una injusticia», pues «Gabriela es una persona que sigue viviendo en la misma casa y toda la población tiene gran confianza en ella».

Michetti será investigada por Marijuan en esta nueva causa, que instruirá el juez federal Ariel Lijo, quien deberá decidir si hace lugar a lo pedido por el fiscal y ordena medidas de prueba.

El expediente se inició por la denuncia que presentó el 18 de julio pasado el abogado Leonardo Martínez Herrero, a la que se acumuló otra de los diputados kirchneristas Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, quienes no sólo pidieron investigar el origen del dinero robado en lo de Michetti, sino también «el funcionamiento de las fundaciones vinculadas al partido político PRO».

Marijuan recordó en su dictamen que las denuncias habían solicitado determinar posibles delitos de la vicepresidenta, en relación con los $ 245.000 y los U$S 50.000 que fueron sustraídos de su casa de Balvanera el 22 de noviembre pasado. Por ese robo fue procesado uno de sus custodios, que trabajaba para la Policía Metropolitana.

Garavano insistió en que «hay una sobredosis de Comodoro Py» y cuestionó la «excesiva judicialización de las decisiones políticas», en referencia al conflicto por el freno a los aumentos de tarifas.

«Preveíamos los amparos porque Argentina está en un nivel de conflictividad, sobre todo desde el gobierno anterior, donde todo se judicializa. Hay un clima de continuidad del gobierno anterior, que tenemos esperanzas que de a poco eso se vaya desarmando porque no es bueno para el país», consideró.

También, reconoció que zanjar el conflicto por el aumento de tarifas «es un tema central que tiene que resolver la Justicia y el Gobierno la respetará» y remarcó que el fallo del máximo tribunal «va dar certezas para este caso y para el futuro específicamente sobre si necesitan audiencias públicas».