La modificación de la ley sobre Riesgos de Trabajo que el gobierno nacional hizo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia sigue produciendo repercusiones.
En tal sentido, dirigentes de distintas organizaciones de trabajadores se manifestaron en contra del mismo, tal como lo hizo Daniel Yofra del gremio de los aceiteros, al manifestar su “más enérgico repudio y rechazo por agravar los peores aspectos del sistema vigente en perjuicio de la vida y la salud de las trabajadoras y trabajadores”.
“¿Cuál es la “necesidad y urgencia” que justifica el uso de esta herramienta excepcional por el Poder Ejecutivo?», se preguntaron desde la entidad gremial, para enseguida responder: “Lamentablemente, no es la protección de la vida y la salud de los trabajadores, sino incrementar la rentabilidad patronal”.
Asimismo, indicó que “si se quiere reducir la litigiosidad, se debería atacar la causa que la genera” y señaló que este decreto, lejos de mejorar los múltiples aspectos críticos, lo que pretende es impedir que el trabajador dañado pueda acudir a la Justicia”.
Por su parte, docentes de la Universidad Nacional de Rosario agrupados en la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (Coad) de la Universidad Nacional de Rosario, expusieron que “desde su llegada al gobierno, la Alianza Cambiemos ha proclamado como uno de sus principales objetivos atacar los derechos de los trabajadores” y “para ello lanzan expresiones falsas como, por ejemplo, ‘Estamos en el siglo XXI y no podemos seguir aplicando convenios del siglo XX’, cuando la mayor parte de los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes fueron firmados o modificados entre 2003 y 2014”.
Además, la secretaria general de la Coad, Laura Ferrer Varela, agregó que “nuevamente, como en los ’90, pretenden imponer la idea de que los derechos laborales son un atraso e impiden la llegada de inversiones”.
“Sabemos bien que el tema de fondo no es la modernización ni la posibilidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, sino la intención de modificar la distribución del ingreso de forma regresiva”, agregó.
A su turno, el secretario general de la UOM de Rosario, Antonio Donello, definió que la modificación de la ley «es una gran mentira ya que todas las empresas son competitivas hasta la puerta, de ahí hacia adentro, dejan de serlo por todos los impuestos y aranceles que se cobran”.
«Hace tres meses que venimos denunciando las importaciones y la precarización, y el presidente lo hace cada vez más visible, este gobierno no tiene una política para la industria argentina y menos para el trabajador», sentenció el dirigente metalúrgico.
En tanto, Julio Barroso, del sindicato Químico del cordón industrial, dijo que el cambio de la ley “es una aberración” y que “la necesidad y urgencia que sostiene el gobierno es favorecer la rentabilidad de las ART y no preservar la salud, las condiciones de trabajo para los trabajadores”, lanzó Barroso.
Así, Claudia Indiviglia, del sindicato de Trabajadores Estatales (Norte), comparó: “Esto es lo mismo que la ley Banelco. Es una ley que va en contra de la salud de los trabajadores que es nuestro único Capital” y Alberto Montenegro, secretario general del sindicato de Obreros del Transporte Automotor estimó que “si este gobierno sigue desafiando a los trabajadores como lo viene haciendo va a terminar muy mal”.
“Para el gremio, la modificación pretendida de las ART es desamparar a los trabajadores ante accidentes y que el empleador tenga motivos para seguir con desempleos”, indicó Montenegro, para inmediatamente añadir: “Ahora hablan de esta supuesta comisión para evaluar los accidentes; quisiera saber quién la integrará y por como se viene manejando este gobierno, no me extrañaría que no haya ningún representante médico gremial”, y planteó seguidamente: “Iremos al Congreso a pedir que este DNU sea rechazado”.
Asimismo, René González, titular de la Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos, manifestó: “Rechazamos esta modificación que pretende debilitar un derecho laboral y ampliar ganancias de las empresas, en este caso de las ART”.
“El cuidado la salud es un derecho y es prioritario para cualquier persona, no se puede mirar con ojo de simple ganancia un tema como este”, finalizó.
