Por Andrea San Esteban
El Movimiento de Campesinos Santiago del Estero, en Añatuya, denunció el intento de desalojo de familias indígenas. “El juez Álvaro Mansilla volvió a firmar una orden de desalojo con el fin de beneficiar a un empresario”, manifiestan del movimiento. Sin dudas, una escena repetida hasta el hartazgo en varias provincias. Políticos que benefician a quienes tienen dinero y “la justicia” que se inclina hacia el mismo lugar, desamparando a los que menos tienen.
La crónica
Este es el tercer intento de desalojo a los Quiroga, que se suma a una decena de veces de pretender expulsar de esta y otras tierras de Santiago del Estero a familias campesinas que habitan y trabajan por generaciones en el lugar.
“Esta vez se montó un gran operativo policial para entregar el sitio a un empresario de origen francés que ha sido vinculado a bandas armadas en anteriores disputas por la tierra”, comentan desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Ellos se movilizaron y declararon estado de emergencia territorial y les pidieron a las autoridades que lo hicieran oficialmente, sin éxito.
La familia Quiroga, compuesta por el matrimonio de Oscar y Claudia Coronel y los hijos Maira (13) y Braian (10), vive en el Lote 48 de la localidad de Añatuya en 1.395 hectáreas, donde la familia produce y vive en convivencia con el monte nativo. Crían vacas, cabras, ovejas, caballos, siembran sorgo, maíz, zapallo, sandía y algodón.
«La familia de indígenas está amparada por el llamado “Derecho Veinteñal”, que cuenta con reconocimiento constitucional en Argentina», explicó Gustavo, integrante del Mocase. Dicho derecho, otorga beneficio de posesión a los habitantes de la tierra de zonas rurales y urbanas. La ley fue promulgada durante el gobierno de Menen. En este caso la Justicia pretende desconocer la ley.
Derecho Veinteñal
Según la Ley Nº 24.374 del año 1994, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación reunidos en el Congreso, sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1º: Gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres (3) años con anterioridad al 1° de enero de 2009, respecto de inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación. En las mismas condiciones podrán acceder a estos beneficios los agricultores familiares respecto del inmueble rural donde residan y produzcan.
El motivo del desalojo
“El empresario Patrice François Louis Rene Lannou ha venido amenazando desde 2014 a la familia, para acceder a la tierra, en la cual está interesado. Durante el 2014 y el 2015 ocurrieron varios hechos delictivos y patoteriles a cargo de Lannou”, denuncian los coordinadores del movimiento, y agregan que “sin temor de represarías estuvo enviando bandas armadas, entre 6 y 10 personas, encapuchadas, que a punta de pistola amenazaron a los niños ya la esposa, para que abandonen el territorio”.
Sistema feudal
“El empresario Lannou se encuentra patrocinado por el abogado de apellido Nicolai que es hijo Ministro de Desarrollo de la provincia, quien se ha mostrado sospechosamente interesado en las tierras de la familia Quiroga”, describen los integrantes del Mocase.
Son más de 1.300 hectáreas que los antepasados de los Quiroga ocupan y trabajan.
El Mocase realizó una denuncia en el Comité de Emergencia de la provincia y en la Policía. Las fuerzas hicieron un allanamiento donde pudieron encontrar a la banda armada, pero la policía sólo retuvo las armas sin detener a nadie, dicen los denunciantes, en su comunicación sobre este hecho.
En el reporte al que Conclusión tuvo acceso, el Mocase “denuncia al juez Álvaro Mansilla como parte de una asociación ilícita que opera por dentro de la justicia santiagueña y se dedica a desalojar familias y comunidades campesinas de parajes rurales de la zona: Añatuya, Tacañita, Colonia Dora, Icaño, Real Sayana y Pinto, en favor de empresarios y a cambio de dinero y negocios”.
Estas irregularidades y “actos de corrupción por parte del juez Álvaro Mansilla son vox populi en toda la provincia, así como es de público conocimiento entre empresarios que para «arreglar» cualquier situación poco transparente con las tierras hay que recibir la «ayuda especial» del Juez Mansilla”, concluye el Movimiento.
