Este lunes, el Centro de Justicia Penal volverá a ser un hervidero. Es que los 25 acusados de formar parte de la banda que supo reinar en en los barrios Granada y Las Flores. A partir de las 11, el tribunal conformado por Ismael Manfrín, Marisol Usandizaga y María Isabel Mas Varela darán lectura a la esperada sentencia de un juicio inédito en la historia santafesina. Todas las miradas estarán sobre los jueces que son muy conscientes de las implicancias políticas que conllevará su decisión.
Luego de intensos meses de debate y exposición de pruebas, serán los magistrados quienes tomen la palabra y definan la suerte de los 12 civiles y 13 policías imputados por asociación ilícita, homicidios, encubrimiento, cohecho y violación de secreto en los casos de los miembros de fuerzas de seguridad.
Si bien los fiscales que llevaron adelante la acusación sostuvieron repetidamente que «existen elementos para una sentencia condenatoria», no son pocos los que ponen en tela de juicio es afirmación y consideran que las pruebas presentadas durante el proceso no son tan contundentes y que están viciadas por las muchas irregularidades de la causa, que tuvo su origen en el año 2013, cuando Martín «Fantasma» Paz fue asesinado a balazos. La labor del juez Juan Carlos Vienna, quien instruyó la causa, ha sido duramente cuestionada por su supuesta relación con Luis Paz, padre de Martín, y por una serie de irregularidades denunciadas por los defensores de la banda.
Los acusados
Durante los alegatos, los fiscales del caso, Luis Schiappa Pietra y Gonzalo Fernández Bussy, solicitaron penas altas para los sindicados como cabecillas de «Los Monos».
En ese sentido, pidieron 41 años de prisión para Ramón Ezequiel Machuca (35), alias «Monchi Cantero»; 26 para Ariel Máximo «Guille» Cantero (29) y 10 para su padre y antiguo líder de la banda, Ariel «Viejo» Cantero (52).
Machuca está acusado como instigador de cuatro homicidios: el de una adolescente baleada en una vivienda cuya parte delantera funcionaba como búnker –y competía con uno de la banda– y por un triple homicidio ocurrido dos días después del asesinato de Claudio «Pájaro» Cantero (29), uno de los líderes del grupo.
Para los fiscales, el asesinato del «Pájaro» llevó al núcleo duro de la banda a un raid de venganza que en pocas horas produjo cuatro homicidios.
«Guille» Cantero, considerado como otro de los jefes de la organización criminal, está acusado como autor del crimen de Diego «Tarta» Demarre (34), dueño del boliche donde fue asesinado su hermano «Pájaro».
Por su parte, los abogados defensores pidieron la absolución de sus clientes al considerar «nulas» las escuchas telefónicas ordenadas por el juez que instruyó la causa, Juan Carlos Vienna, además se sostener que «no existen pruebas» que impliquen a sus asistidos. Recordaron que la jurisprudencia internacional y local considera que las escuchas telefónicas sirven para iniciar una investigación, pero no constituyen prueba suficiente para dictar una condena.
La defensa se centró en cuestionar la imparcialidad del cuestionado juez –que viajó en dos ocasiones a Estados Unidos con el padre de una víctima- y la validez de las escuchas, que ya fueron utilizadas en otro juicio en el que se dieron por auténticas.
Fue, justamente, en el debate oral por el asesinato del «Pájaro» Cantero, que además tuvo como presidente del tribunal al mismo que el de este juicio, el juez Ismael Manfrín.
Para los fiscales, «esta asociación ilícita rentabilizó la violencia» y «esta rentabilización consistió en provocar y usufructuar un territorio liberado mediante la imposición del miedo y con una organización sistemática de la violencia».
Durante el juicio describieron la presunta estructura celular de la banda y los roles asignados a cada uno de los acusados: jefes de la asociación con fines ilícitos, esbirros o ejecutores y testaferros.
En ese último rol acusaron a las mujeres del clan Cantero, Silvana Jésica Gorosito (31) -pareja de «Monchi»- y Lorena Verdún (39), ex mujer del asesinado «Pájaro» Cantero (27).
También a Mariano Germán Salomón (31) mediante la compra-venta de automóviles; a Agustín Ruiz (27) como comprador de bienes muebles y automotores; y al «cazador de talentos» Francisco Lapiana (62) como intermediario de futbolistas, negocios que permitirían el lavado del dinero de origen ilegal.
En los casos de los miembros de las fuerzas de seguridad llevados a juicio, los fiscales consideraron que fueron «los proveedores de impunidad estatal» de la banda y pidieron penas de 9 a 3 años y medio de prisión para ellos, según cada caso.
En el alegato final, los fiscales solicitaron la absolución de uno de ellos, el ex jefe de Inteligencia de la zona sur de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones, Hernán Floiger, al considerar que no habían reunido pruebas parar acusarlo.
