Por Aldo Battisacco de Buenos Aires

La senadora nacional por Río Negro Silvina García Larraburu solicitó al Poder Ejecutivo nacional que informe los motivos y fundamentos de la solicitud cursada al Congreso de los Estados Unidos para la compra de armas.

La legisladora adelantó su preocupación en la adquisición del armamento y explicó que “muchos de los elementos solicitados tienen en algunos casos hasta 70 años de antigüedad, algunos han sido utilizados en la Segunda Guerra Mundial, otros en la guerra de Vietnam, en la guerra de Malvinas y en la del Golfo Pérsico”, advirtió sobre la obsolescencia del armamento.

Y agregó que “sorprende la determinación del Gobierno de pagar una cifra superior a los 2.000 millones de dólares por material bélico, mientras ha implementado severos ajustes para restringir el gasto público”.

“Es confuso que sean las Fuerzas Armadas las destinatarias de semejante adquisición, ya que la protección contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado son funciones de las Fuerzas de Seguridad, conforme lo establece la Ley dé Seguridad Interior”.

Larraburu fundamentó esta petición en que “el 16 de junio de 2016 el embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, envió una Carta Oficial al congresista demócrata Pete Visclosky – miembro del Subcomité de Defensa de ese país- en la que se hizo referencia a un encuentro mantenido en marzo de ese mismo año con los diputados Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, y donde se solicitó la adquisición de equipamiento militar de guerra”.

En dicha carta, se pidió autorización puntualmente para la compra de 12 helicópteros de ataque Cobra AH1, 10 helicópteros modelo Chinook, 16 helicópteros Black Hawk UH60 y 26 helicópteros Bell 412 para el Ejército Argentino.

Además de los helicópteros, se solicitaron unas 182 tanquetas de guerra tipo StryKer, equipadas con ametralladoras calibre 50, lanzadoras de granadas y cañones de 105 milímetros. El listado incluye también 80 lanzamisiles Javelin, un modelo portátil desarrollado por el gobierno estadounidense para derribar tanques y avionetas. La Fuerza Aérea encargó unos 24 aviones de caza Texan T6, 12 aviones de caza F-16 Fighting Falcón.

De las fuerzas armadas, la Marina requirió 2 aviones Orión, utilizados habitualmente para patrullaje marítimo, estos fueron utilizados por los norteamericanos en la década del 60. La lista se cierra con 24 vehículos blindados Anfibios modelo AAVR7A1.

Muchos de los elementos solicitados tienen en algunos casos hasta 70 años de antigüedad, como los aviones Texan utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Muchos otros han sido usados en la guerra de Vietnam, en la guerra de Malvinas y en la del Golfo Pérsico.

Las muestras de preocupación de la legisladora rondaron en torno al monto de la compra al manifestar que “la determinación de gastar una cifra que llega a los dos mil millones de dólares; en un año en el que el actual Gobierno ha implementado severos ajustes para restringir el gasto público. Y más aún, que sea Estados Unidos quien provea dichos elementos bélicos que, sostiene el dinamismo de su industria armamentista fundamental para su economía; permite la renovación de su tecnología de guerra y deriva finalmente armas obsoletas a los países periféricos”.

“La magnitud y tipología de los armamentos solicitados -dice la congresista- no parece la adecuada para luchas contra el narcotráfico dentro del país, y son sólo sostenidas por las hipótesis de conflicto con el terrorismo internacional y quienes lo financian, el tráfico de drogas y el crimen organizado, conforme revela la misiva del Embajador”.

Por último, García Larraburu dejó entrever sus sospechas sobre como se utilizarán la armas compradas a EE.UU. al manifestar que “resulta confuso que sean las Fuerzas Armadas las destinatarias de semejante adquisición, toda vez que la protección a la sociedad contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado son funciones de las Fuerzas de Seguridad, conforme lo establece la Ley dé Seguridad Interior”, concluyó.