La violencia le costó a México el año pasado el equivalente a 21% de su Producto Interior Bruto (PIB), estimó hoy el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) al dar a conocer su informe Indice de Paz México.
El IEP, un laboratorio de ideas mundial con sede en Sidney, Australia, y oficinas en Nueva York, Ciudad de México y La Haya, estimó que el gasto indirecto para contener, prevenir y tratar las consecuencias de la violencia en México, sumado al miedo como un factor que frena la economía, representó unos 4,7 billones de pesos (260.000 millones de dólares) en 2017.
«Este monto equivale a más de ocho veces la inversión anual en salud y más de siete veces la inversión anual en educación», dijo el director en México de ese centro de investigación independiente, Carlos Juárez Cruz, en una conferencia de prensa.
Durante la presentación del informe Juárez alertó, citado por la agencia DPA, que el año pasado hubo un deterioro de la paz a nivel nacional del 10,7%, tomando como referencia cinco indicadores, entre ellos el número de asesinatos y los delitos con violencia.
En 2017 hubo más de 29.000 muertes violentas (24 por cada 100.000 habitantes) y el 69% fueron homicidios cometidos con armas de fuego.
«El 85 por ciento de la población en el país vive en un estado o en una región donde la paz se deterioró», afirmó Juárez.
«Estamos hablando de un tema nacional de mucha relevancia». Sin embargo, aclaró que no toda la violencia está relacionada con el crimen organizado y los cárteles de la droga, sino que el deterioro es más grave y extendido: hay más delincuencia común y violencia interpersonal, incluida la doméstica.
Lo que calificó de débil «capacidad institucional» para contener la violencia la graficó en un número muy bajo de jueces para sancionar los delitos; los agentes encargados de investigar están poco capacitados y prevalece la impunidad, sumado a que hay una gran desconfianza en las instituciones por la corrupción.
«Necesitamos invertir mucho más en fortalecer nuestras instituciones», dijo Juárez. «Tenemos que invertir más, pero sobre todo invertir mucho mejor nuestros recursos».
La inversión que se hace en el sistema judicial y de seguridad significa sólo el uno por ciento del PIB, un 40% menos que el promedio de los países que, como México, integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
