Los laboratorios locales irán a la Justicia para frenar la aplicación de una resolución dictada por el Gobierno ya que consideran que esa norma flexibiliza el otorgamiento de patentes para la venta de medicamentos en el mercado local y traslada esa responsabilidad a organismos de terceros países. Además de la supuesta contradicción con la legislación local que volvería a la norma inconstitucional, la industria farmacéutica advierte que la política oficial “favorece el avance en nuestro país de los monopolios extranjeros, se traducirá en un aumento de los precios de los medicamentos y tendrá un impacto negativo sobre inversiones y el empleo de la industria nacional”.
Según el Ministerio de Producción, la norma no vulnera facultades del Estado nacional, que conservaría la última palabra en materia de emisión de patentes, rubro tradicionalmente sujeto a fuerte lobby empresarial.
