Ley de lobby: plenario de comisiones de Diputados rechazó el proyecto del gobierno

Durante una nueva reunión informativa conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley enviado por el Gobierno para regular la actividad del lobby recibió críticas generalizadas de representantes de organizaciones, asociaciones e instituciones.

Los expositores —continuación de una lista de voces que ya habían participado la semana pasada— coincidieron en que la iniciativa presenta problemas de definición y alcance. Señalaron que la redacción no precisa con claridad qué constituye la «gestión de intereses» ni quiénes son los «gestores», lo que podría llevar a identificaciones individualizadas indebidas de actores que persiguen fines colectivos.

Entre la críticas principales destaca, la ambigüedad que algunos entiende de carácter definitorio, ya que implica riesgo de que la norma alcance actividades colectivas y legitimas de interés público.

Otro punto son las sanciones desproporcionadas, varios oradores consideraron excesiva la penalización prevista; se advirtió que no existen precedentes regionales que impongan prisión por gestión de intereses.

También, señalaron que el proyecto no diferencia de modo operativo entre lobby corporativo y la incidencia de organizaciones de la sociedad civil, lo que podría estigmatizar a ONG y actores no lucrativos.

En términos democráticos, presenta obstáculos para la participación ciudadana, y abre el temor a que la inscripción obligatoria en un registro público funcione como una «matrícula» que desaliente la participación y complique la cooperación internacional.

Entre la opiniones destacadas, Leandro Mora Alfonsín (Argencon), apoyó un «marco normativo moderno» que otorgue claridad, pero pidió precisar definiciones, evitar que el registro sea una barrera y evitar la criminalización de la actividad, pues no hay precedentes regionales de penas privativas por gestión de intereses.

Por su lado, Martín Reydó (Fundar), afirmó que el proyecto «tiene un título chileno, pero un contenido que se parece más al de El Salvador o de Hungría», y advirtió que la norma podría convertir a «todos en lobistas hasta que se demuestre lo contrario», además de imponer sanciones punitivas y asfixia burocrática sobre las ONG.

A su turno, Gustavo Corradini (ADIMRA), señaló la utilidad del diálogo entre sectores público y privado, pero cuestionó la amplitud de la definición y la exigencia de declarar beneficiarios finales, que podría ser inaplicable y comprometer confidencialidad.

En tanto que Mijael Kaufman Falchuk (Consciente Colectivo), rechazó que se equipare el lobby corporativo con la labor de organizaciones sin fines de lucro; advirtió que el proyecto genera «miedo» a participar y puso el ejemplo de organizaciones ambientales que podrían enfrentar penas por simplemente dialogar sobre temas ambientales. 

«Hay una distinción que este proyecto deliberadamente ignora y no podemos dejar pasar: no se puede meter en la misma bolsa el lobby corporativo con fines de lucro y a quienes propiciamos la participación ciudadana desde organizaciones sin fines de lucro. No estamos en las mismas condiciones, no tenemos los mismos objetivos ni perseguimos las mismas metas. Tampoco tenemos las capacidades y recursos que este proyecto quiere imponernos», aseguró.

Para, Gabriela Lozano (FIC Argentina), hay que defender la participación de la sociedad civil como fuente de conocimiento y evidencia para mejorar políticas públicas y sostuvo que la iniciativa atenta contra la democracia y la participación.

Otros expositores Intervinieron además representantes de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Aves Argentinas, Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, Jóvenes por el Clima Argentina (JOCA), Fundación Vida Silvestre Argentina y PROAICE, entre otros.

El diputado Nicolás Mayoraz informó que se convocará a una nueva reunión informativa e invitó a especialistas internacionales, priorizando países que ya han legislado sobre la materia.