Por Alejandra Ojeda Garnero
Con estilo propio y con su habitual contundencia, Daniel Erbetta brindó una entrevista exclusiva a Conclusión en la cual manifestó su punto de vista sobre la Justicia nacional y los casos más mediáticos relacionados con personalidades de la política. También se refirió al funcionamiento del nuevo sistema penal, sus ventajas y desventajas además de remarcar las diferencias con el viejo sistema conclusional.
El ministro de la Corte provincial justificó la utilización de los juicios abreviados, poniendo énfasis en las partes intervinientes para llegar a un buen resultado. Asimismo, aclaró que es muy crítico de “nuestra Justicia” y argumentó el motivo de las vacantes en los juzgados y los insuficientes recursos con los que aún cuenta el nuevo sistema de Justicia Penal.
—¿Qué evaluación hace del funcionamiento de la Justicia penal a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal en la provincia?
—Para hacer la evaluación uno podría seguir dos criterios. Uno, definir cuáles son los objetivos institucionales del nuevo sistema de Justicia penal, los indicadores para que sus objetivos sean medidos y a partir de allí ver cómo va avanzando la implementación del sistema. Hay un criterio más sencillo que es comparar el funcionamiento del nuevo sistema con lo que ha sido el sistema de Justicia que hemos dejado atrás. En este último caso la respuesta es más sencilla, porque resulta muy positiva la implementación del nuevo sistema. Hemos logrado superar problemas estructurales que tenía la Justicia penal que no eran responsabilidad personal de ninguno de sus operadores, al contrario. La vieja justicia, si no tuvo consecuencias más negativas fue por el esfuerzo de mucha gente, pero hoy tenemos un sistema de Justicia penal donde hemos logrado romper una de las principales lesiones a la independencia judicial cómo es la delegación de funciones. Es decir, la independencia judicial que es una garantía del ciudadano, que supone que un ciudadano va a ser juzgado por un juez, está hoy plenamente garantizada en el sistema de Justicia penal.
«Hoy tenemos un sistema de Justicia penal que garantiza que el ciudadano va a ser juzgado en un acto público y transparente como requiere cualquier acto de gobierno»
La gente no es juzgada por un relator, por un secretario o por un empleado de un juzgado de instrucción. Además es juzgada en un acto público, transparente como requiere cualquier acto de gobierno. El Poder Judicial es un poder del Estado que gobierna junto al (Poder) Ejecutivo y al (Poder) Legislativo porque tiene a su cargo gestionar conflictividad. Y verdaderamente desde esta perspectiva esto marca un dato altamente positivo. Pero además, hemos podido superar algunas otras cuestiones como es la posibilidad de separar la función de investigar de la función de juzgar, tener un Ministerio Público de la Acusación autónomo. Hoy las estructuras del Ministerio Público fiscal no están totalmente cubiertas. Rosario se presenta como una de las ciudades más complicadas por los niveles de violencia que tiene, por las tasas de homicidio, de modo que no es sencillo manejar la conflictividad en una ciudad como Rosario. Pero uno puede ver las ventajas de una estructura que funciona con criterios muy profesionalizados con procesos de trabajo, con protocolos de actuación y con una dinámica y una estrategia de persecución mucho más coordinada. En el sistema anterior no había una estrategia de persecución penal unificada, cada juez era dueño del criterio de lo que iba a hacer dentro de su despacho. Ahora esto es una ventaja muy grande, más allá que habrá que evaluar cuando termine la gestión de los fiscales regionales, cuáles han sido los resultados. Puedo asegurar que en términos cuantitativos el nuevo sistema da muestras de una ventaja muy grande. En Rosario estamos prácticamente entre cuarenta y cincuenta audiencias orales diarias y desde este punto de vista se puede dar una muestra de las ventajas de esta reforma. Finalmente también se ha logrado una estructura de la Defensa Pública mucho más amplia, mucho más grande. Antes trabajábamos con muy pocos defensores públicos, hoy esta estructura tiene un sistema de organización al estilo de un gran estudio jurídico y evidentemente eso se traduce en un ejercicio más pleno de los derechos de las personas que son perseguidas por el sistema.
—¿Es suficiente la cantidad de recursos humanos y técnicos que tiene el Ministerio Público de la Acusación, teniendo en cuenta la gran demanda debido a los altos niveles de conflictividad que tiene la ciudad?
—No todavía. Hay cuestiones que tienen que ver con el proceso de implementación. A dos años y meses de implementado el nuevo sistema todavía no se han cubierto la totalidad de los cargos que habían sido creados por la Legislatura. En el caso de Rosario están faltando los concursos de aproximadamente quince fiscales, tiene que completarse el traspaso de personal del sistema conclusional al sistema nuevo. Hay empleados que han optado por el traspaso al Ministerio Público de la Acusación, otros a la defensa y esto obviamente se está llevando a cabo progresivamente. Creo que para el año que viene va estar completamente resuelto. Sin duda que faltan recursos pero también si se analizan los niveles de producción y de rendimiento del año 2014, del año 2015 y lo que va del primer semestre del 2016 verdaderamente el avance es notable. La reforma tiene una ventaja muy grande, por el hecho de contar con una estructura de gerenciamiento que maneja un ingeniero y que les ha quitado a los jueces todas las tareas que no tienen nada que ver con la función de un juez. Esto es una ventaja comparativa enorme. Hoy los jueces se dedican nada más y nada menos que a trabajar de jueces, es decir, ir a una audiencia y resolver. Ya no tienen que estar invirtiendo parte de su tiempo en tareas administrativas de gerenciamiento para lo cual ni siquiera estaban formados. Lo que ocurre también desde lo judicial es que estamos con algunos inconvenientes porque en la Justicia Penal de Rosario, en primera instancia, en este momento hay siete cargos de jueces vacantes. Este es un problema que no se le puede achacar, bajo ningún punto de vista, a las actuales autoridades que han asumido sobre fines del año pasado, es un problema que tiene múltiples causas y razones pero que en términos de resultados no se puede negar que el proceso de cobertura de vacantes del poder judicial es exageradamente lento y esto conspira contra una buena prestación de un servicio de Justicia.
«El nuevo sistema penal los jueces se dedican nada más y nada menos que a trabajar de jueces, es decir, ir a una audiencia y resolver»
Es cierto que hay múltiples razones pero también es cierto que hay demoras que son generadas por los propios representantes de los cuerpos que integran los jurados, como el colegio de abogados, la universidad, el colegio de magistrados pero en cualquier caso, hay problemas estructurales que dan como resultado final una demora injustificada para la cobertura de vacantes. Espero que con la última reforma que intentó el Poder Ejecutivo esto pueda solucionarse.
Tenemos vacantes de jueces de primera instancia. No nos gusta una Justicia de jueces subrogantes, la Justicia tiene que tener estabilidad de jueces que han quedado definitivamente en sus cargos, que luego tienen que legitimar con su ejercicio. Pero no es bueno tener una Justicia de subrogantes y mucho peor es tener los cargos vacantes de manera efectiva, sin siquiera cubrirlos.
—¿Cómo observa a la Justicia nacional en relación a los casos de Cristina Kirchner y Hebe de Bonafini?
—La Justicia a nivel nacional tiene particularidades y criterios que no sirven como un denominador común de lo que es el conjunto de la Justicia argentina. El ochenta por ciento de la conflictividad de la República Argentina recae sobre las espaldas de los jueces ordinarios, de los jueces comunes, de los jueces provinciales. Veo que la Justicia Federal tal vez ha ampliado de una manera bastante importante sus criterios de actuación, no sé si esto es positivo pero lo que se espera es que las cosas se resuelvan con mucho equilibrio. No conozco el caso puntual de la señora Bonafini, sé que tal vez fue convocada o citada y no concurrió. Se trata de una persona de edad y generalmente hay consideraciones que están reconocidas por las propias leyes. Sí es cierto es que estamos viviendo un momento en que no es bueno que la Justicia esté permanentemente en la tapa de los diarios. La Justicia no debe gobernar, la Justicia debe tener siempre presente que existen competencias de cada uno de los poderes (del Estado) y por lo tanto la función de la Justicia es tratar de proteger los derechos, especialmente los de los más débiles y obviamente interferir en los ámbitos de actuación de otros poderes cuando se dan lesiones groseras a derechos constitucionales.
«La Justicia debe manejarse como en la vida, con tres grandes criterios, razonabilidad, proporcionalidad y reducción de daños»
Objetivamente los códigos autorizan a ordenar la detención en estos casos. Formalmente ocurre pero me parece que a veces hay que manejar las cuestiones de la manera más prudente posible para evitar situaciones que terminen agravándose. La Justicia debe manejarse como en la vida, con tres grandes criterios, razonabilidad, proporcionalidad y reducción de daños. Uno tiene que tratar, si no puede evitar los daños reducirlos. Tiene que tener siempre un baremo de relación entre las cosas que tienen que ver con la proporcionalidad y obviamente tiene que ser razonable. Estos son tres principios básicos que alimentan a la hermenéutica e incluso a la interpretación de las leyes, pero también la forma de comportarse que uno debe tener en la vida. Por supuesto que se espera que esta situación se vaya encarrilando, por eso defiendo mucho la Justicia de Santa Fe. Nosotros tenemos una Justicia donde habrá situaciones que no gusten, que deben ser corregidas, jueces que trabajan más y jueces que trabajan menos. Pero en términos generales se puede ver que la Justicia de Santa Fe tiene un comportamiento, una trayectoria que justifica el desempeño o el ejercicio de las funciones que la Constitución les encomienda a los jueces. Más allá de eso, soy muy crítico de la Justicia porque creo que los jueces debemos asumir cabalmente la responsabilidad que se nos encomienda y tenemos el especial deber de cumplir con el deber. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para tratar de estar al día, para tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de casos, en fin hay muchos jueces que se desempeñan de esta manera. Tenemos que hablar de esos jueces, hay muchos jueces en nuestra provincia que así trabajan y también llegado el caso, cuando hay alguna situación puntual. La Corte nuestra, incluso el propio tribunal de enjuiciamiento ha tenido que intervenir en los últimos años en dos o tres situaciones puntuales y se ha pronunciado de manera contundente cuando se ha comprobado que ha existido alguna situación irregular o alguna irresponsabilidad funcional muy grave por parte de los jueces.
—Los juicios abreviados son muy cuestionados, sobre todo en casos puntuales y mediáticos, especialmente los vinculados a bandas narcocriminales y homicidios. ¿Qué opina al respecto?
—Los cuestionamientos a veces no se entienden. En el juicio de Los Monos parecía un cuestionamiento en abstracto porque cuando intervino un juez, no aprobó el acuerdo. Sí se puede decir conceptualmente que el procedimiento abreviado es hoy un recurso necesario en los sistemas acusatorios. Cuando en un caso determinado la prueba es abundante y se torna innecesario el desarrollo de un juicio, existe acuerdo entre las partes y se maneja entre los marcos de la legalidad, la resolución del juicio abreviado, tiene mucho más calidad que lo que podría ser, a veces no siempre, una sentencia del sistema anterior donde la prueba se colectaba en la etapa de instrucción, delante de un empleado, con escaso control de la defensa, el fiscal reproducía un poco el auto de procesamiento y en sentencia prácticamente se hacía una revisión.
«Conceptualmente el procedimiento abreviado es hoy un recurso necesario en los sistemas acusatorios y si se maneja entre los marcos de legalidad la resolución tiene más calidad»
El juicio abreviado es un procedimiento donde la sentencia tiene la exigencia de cualquier otra sentencia, por lo tanto el juez debe fundamentar por qué condena y creo que en la gran mayoría de los casos el instituto (juicio abreviado) está funcionando adecuadamente.
Que ocurre, se pueden dar situaciones discutibles, opinables, incluso que han llegado a la Corte Suprema de la provincia. Estas situaciones que normalmente son aisladas no pueden servir como un generalizador para descargar la crítica sobre este instituto. El juicio abreviado es un recurso valedero y el problema no es tanto el abreviado, sino la defensa y los fiscales. Porque si se tiene un buen defensor y si el fiscal cumple acabadamente con su función, en el abreviado no puede haber problemas.
—¿Cuando se pondrá en funcionamiento el nuevo edificio de la Justicia Penal?
—Este tema es responsabilidad del Poder Ejecutivo pero estamos trabajando coordinadamente en algunos ajustes vinculados a los espacios del nuevo edificio que se sigue ejecutando. Calculamos que para fines del año que viene (2017) probablemente o tal vez antes esté en pleno funcionamiento el nuevo edificio, lo cual va a traer aparejadas muchas ventajas, porque va a permitir además de tener un lugar donde se concentra de la Justicia Penal de Rosario, poder liberar espacios en el viejo Palacio de Justicia y así resolver cuestiones que tienen que ver con fueros que están muy complicados. Me refiero puntualmente al problema de los tribunales de familia y violencia familiar. Juzgados laborales que son áreas de la Justicia provincial con un nivel de demanda enorme y por encima de los recursos que hoy tenemos disponibles y que además a veces en algunos casos se encuentran en condiciones de infraestructura bastante limitadas. Esto nos va a permitir a nosotros atender muchas demandas que tenemos en el Tribunal de calle Balcarce y Pellegrini y va a permitir un funcionamiento óptimo de lo que es la Justicia Penal.
—En estos días salió una nota en un diario de la provincia donde publicaron los sueldos de los ministros de la Corte. ¿Cómo tomó ese hecho?
—La política salarial de la Corte de Santa Fe es la misma que la política nacional. No sé porque puede haber diferencia en que un camarista civil de Rosario tenga que ganar menos que un camarista federal. En Rosario hay una Cámara Federal y tiene la misma política salarial que es la misma que rige para el Defensor General de la provincia y el Fiscal General, que cobran sueldos de ministros de la Corte. Los sueldos publicados son reales, son Los sueldos de la justicia Nacional, de la justicia de Córdoba, de la Justicia de Entre Ríos, y de todas las provincias que tienen adhesión a la política salarial nacional. Pero quiero aclarar que esos sueldos son excepcionales porque a lo sumo comprenden a un universo muy limitado de personas a nivel de cámaras, a nivel de Corte que tiene muchísima antigüedad. Una persona que tiene cincuenta años de antigüedad está duplicando el sueldo. No es lo común y lo general. Pero además hago otra aclaración, tengo cuarenta años de ejercicio profesional y he trabajado toda mi vida de abogado, he ejercido la docencia, he escrito libros, tengo un currículum relativamente considerado. Verdaderamente no entiendo cuál es la cuestión del sueldo que tengo. En la profesión ganaba muy bien, también quiero aclarar eso. Pero no me parece bueno que esto se discuta estos términos, siempre trato de que todo el mundo gane más. Hoy el país tiene problemas muy graves, mucho más graves que los sueldos que en la función pública existen, en el poder judicial. Sí me preocuparía que haya personas que con esos sueldos no se desempeñen cabalmente y no cumplan con su función. Esa sí sería para mí una preocupación periodística, me parece una negligencia importante, un descuido periodístico importante.
«Los sueldos publicados son reales, son Los sueldos de la justicia Nacional, de la justicia de Córdoba, de la Justicia de Entre Ríos, y de todas las provincias que tienen adhesión a la política salarial nacional»
Me parece que a veces hay que tener alguna medida alguna responsabilidad aún en el desempeño de la labor periodística. Estoy totalmente a favor de la libertad de expresión, no tengo problema en explicar o defender el sueldo que gano, pero hay formas y formas de plantear las noticias. Esta es la cuestión que se debería reparar no hay ningún problema, me parece bien que se difundan los sueldos. Sería bueno que se difundan los sueldos de todos. Hay que tener en cuenta que los jueces cobran lo que figura en el sueldo, es el ingreso de bolsillo y tienen prohibida a otra actividad, no pueden tener otro trabajo. Hay otros poderes públicos donde esto no es así. Entonces también sería bueno que se publiquen los sueldos y los ingresos de bolsillo que tienen, como también los sueldos de los empresarios y de la Sociedad Rural porque a uno le gustaría saber cuánto ganan los dirigentes de la Sociedad Rural, de las asociaciones porque también tienen una función social importante porque incluso también hacen declaraciones públicas, fijan posición sobre el salario de los jueces. Entonces me parece bien que esto se transparente en todos los niveles y que todo el mundo puede explicar por ejemplo el dinero que gana y explicar sus situaciones fiscales también. Es llamativo, porque algunos camaristas que tienen más antigüedad es probable que ganan más dinero que un ministro de la Corte. La nota del diario fue preocupante porque al lado de la nota publicaron que los jueces federales tienen un sueldo de noventa mil pesos como si fuese eso realmente cierto y no es así. El básico nuestro es el mismo, gana lo mismo pero pareciera que en la justicia Federal ganaban menos y nosotros más y no es así. Es más nosotros tenemos un tope no podríamos tener un tope mayor al que tiene la justicia Federal con lo cual quiero decir que los jueces federales de Comodoro Py, todos ganan lo mismo que un juez de primera instancia nuestro que tenga la misma antigüedad.
