El proyecto de declaración presentado por Fabián Palo Oliver en el que se solicitó el repudio del cuerpo legislativo a «las prácticas extorsivas que están llevando a cabo las empresas Coto, Carrefour, Jumbo y Libertad suspendiendo y despidiendo a trabajadores» en Rosario fue aprobado por la Legislatura santafesina en la sesión de este jueves, junto con una manifestación en el mismo sentido realizada por la comisión de Laborales.
Según afirmó el propio Oliver a Conclusión, dicho dictamen adjuntado fue hecho posterior al recibimiento de dicha comisión a los empleados despedidos, y previo a la noticia del acatamiento de la conciliación obligatoria y reincorporación de los mismos. «Eso fue en el ámbito del Ministerio de Trabajo, pero la Cámara igualmente aprobó por unanimidad el proyecto de declaración manifestando el repudio por las actitudes extorsivas», aseguró.
Además, dio su opinión respecto de los hechos, sosteniendo que las empresas tienen vías jurídicas para manejarse si creen que se vulneran sus derechos, y que las prácticas extorsivas realizadas merecen ser repudiadas: «En primer lugar, creo que en el estado de derecho tienen las vías jurídicas para defenderse si creen que se les han vulnerado derechos a estas empresas, que generalmente son las multinacionales las que discuten después en el ámbito de la justicia, pero más allá de esa situación, lo que está claro es que cuando pierden las distintas demandas optan por extorsionar y tener esta práctica».
«El repudio tiene que ver no solamente con estas prácticas, sino con no aceptar el poder constituido que significa acatar lo que establecen las leyes. Si ellos creen que les causa algún perjuicio, está la justicia para declarar la inconstitucionalidad de la misma o no. Hasta el momento, los fallos que hay les han rechazado esa posibilidad porque se considera que el descanso dominical no afecta ningún tipo de situación comercial a las cadenas», continuó en la misma línea el diputado del bloque de la Unión Cívica Radical y el Frente Progresista Cívico y Social.
Finalmente, aseguró que «si no modifican su modo de actuar el Estado debe actuar con toda la fuerza de la ley» y «aplicar las sanciones que correspondan», en referencia a «multas que pueden ser millonarias».
En la iniciativa en concreto, Palo Oliver solicitó «al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia arbitrar los mecanismos legales pertinentes a los fines de dar solución al conflicto y en caso de no acatar la conciliación obligatoria dictada, aplicar las sanciones correspondientes».
En la misma, también mencionó que «esta normativa recibió el apoyo de diversos sectores como la Iglesia, la Universidad Nacional de Rosario, gremios que agrupan a trabajadores de la Industria de la Carne, de Dragado y Balizamiento, de Empleados de la Legislatura Santafesina, Municipales y Bancarios entre otros, demostrando el amplio consenso» y que esta situación «es la que generó actitudes de tipo extorsivas con amenazas públicas de suspender y/o despedir trabajadores, como también dio lugar a planteos judiciales de inconstitucionalidad con el fin de ‘boicotear’ la ley o por lo menos hacerla inaplicable».
Finalmente, recordó que esta norma adhirieron ciudades como Esperanza, Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé, Rafaela, Santa Fe, Rosario, entre otros, generando una fuerte resistencia por parte de algunas de las patronales del rubro supermercadista, a pesar de que las Cámaras y las Asociaciones Empresariales que nuclean a los Supermercadistas han manifestado su posición a favor de la Ley.
