Por Carina Toso
Argentina cuenta con más de 600 mil kilómetros cuadrados de humedales, que comprenden el 23% del territorio nacional incluyendo ambientes como lagunas altoandinas, mallines y turbetas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras marinas. Entre estos territorios se encuentra la zona de islas frente a la ciudad de Rosario, bordeada por el extenso río Paraná que es el sexto río de llanura más importante del mundo. Esta área es parte del Delta del Paraná que comienza en Diamante, Entre Ríos, y termina en el Río de la Plata. En total abarca unas 200 mil hectáreas. Al mismo tiempo es parte del corredor fluvial Paraná-Paraguay.
Grandes extensiones de estos humedales se encuentran hoy en emergencia debido al cambio de uso del suelo y a distintas actividades humanas. Ante esta situación, una larga lista de organizaciones sociales y ambientales aseguran que es urgente que se sancione una ley que los conserve y promueva su uso racional. Hace cuatro años que en el Congreso de la Nación pasean varios proyectos para abrir camino a una una solución a esta emergencia y se espera que este sea el año en que se logre la aprobación de una Ley Nacional de Humedales.
Entre las organizaciones que vienen pidiendo la urgente aprobación de la normativa figuran el Taller Ecologista, El Paraná no se Toca, la Fundación Humedales, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina y Organización ecologista de guardianes del Iberá, entre muchas otras.
La Convención de Ramsar sobre los Humedales (tratado intergubernamental mundial que proporciona el marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos), los define como “extensiones de marismas, pantanos, tuberas o agua de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros». En esencia, la palabra “humedal” engloba a todas las aguas interiores: lagos, lagunas, cañadas, esteros, pantanos, turbales, ríos, arroyos; y una franja de costas marinas, que se caracterizan en general por su gran diversidad biológica y su importancia sociocultural para distintos pueblos y regiones.
El recorrido del proyecto de ley
Desde hace años distintas organizaciones se cargaron sobre su espalda un arduo trabajo socioambiental para defender el río y los humedales, ecosistemas irremplazables por sus funciones: recarga de acuíferos, criaderos naturales de peces y reservorios de diversidad biológica y cultural, además de mitigar el impacto del cambio climático.
A pesar de eso, hasta la fecha no existe una ley nacional de humedales que los proteja. El proyecto de ley que establece presupuestos mínimos para su conservación, restauración y desarrollo sostenible, tiene hoy media sanción del Senado, donde fue modificado en puntos, que según las organizaciones, ponen en riesgo el espíritu originario de la ley.
En 2013 el proyecto inicial tuvo su aprobación en Senadores y cuando pasó a Diputados perdió estado parlamentario. El mismo había surgido de la unificación de dos iniciativas: una presentada por la senadora entrerriana Elsa Ruíz Díaz y el senador santafesino Ruben Giustiniani. Más tarde las senadoras Magdalena Odarda y Teresita Luna elaboran dos proyectos que se unificaron y se fueron modificando dentro de las comisiones hasta que se logró un texto que es el que se aprobó en la Cámara Alta en noviembre del año pasado. Cabe recordar que en febrero de 2016, el presidente Mauricio Macri se comprometió públicamente a apoyar la sanción de esta ley, pero desde sectores como el agronegocio y el inmobiliaria pujaron fuertemente para dejar a medias el avance de una normativa que proteja los humedales.
“En el Senado de la Nación se le hicieron un montón de modificaciones lo cual desvirtúa un poco el proyecto original del que participamos las organizaciones sociales y ambientales. Ahora es el turno de Diputados, por lo que estamos viendo cómo volver a iniciar el diálogo con los bloques para sacar una ley que verdaderamente proteja y preserve los ecosistemas de humedales que son tan importantes en el país”, aseguró Victoria Dunda, abogada y miembro de la organización El Paraná no se Toca.
La relevancia de una normativa que proteja las zonas de humedales a lo largo y ancho del país tiene que ver principalmente con resguardar la provisión de agua dulce, reducir el impacto de las inundaciones y promover la conservación de la biodiversidad junto con la producción sustentable. Según explicaron desde el Taller Ecologista, el proyecto original disponía estándares mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales a fin de preservar los servicios ecosistémicos que estos brindan. Establecía para ello, como pasos necesarios, la realización de un inventario nacional y de un ordenamiento territorial de los humedales en el marco de un proceso participativo.
“Esta ley tiene semejanzas con la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares en cuanto que hay intereses económicos muy importante en estas áreas que impiden que se avance. Pero también hay quizás un desconocimiento de lo que son las áreas de humedales por parte de los funcionarios y de los legisladores que creen que pedimos que no se haga ningún tipo de actividad en ellas y en realidad lo que se está planteando es que se haga un uso adecuado a la conservación de los ecosistemas”, explicó Laura Prol, miembro del Taller Ecologista y agregó que las actividades más perjudiciales que hoy se realizan en estos territorios son la agricultura y ganadería intensivas, el avance de la urbanización y en algunas zonas la minería.
Por esto es que aquel proyecto inicial establecía que “se podrá realizarse en los humedales todo aprovechamiento que no afecte negativamente la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad y en particular, a los sectores más vulnerables que dependen de ellos. También prevé la realización de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda, respecto de las obras de infraestructura y actividades humanas que pudieran afectar la integridad ecológica de estos ecosistemas, con especial consideración de los efectos acumulativos y/o sinérgicos”.
Por último, dicho proyecto incorporaba una importante moratoria a las intervenciones en los humedales plenamente reconocidos, así como en aquellos ecosistemas que se presuman razonablemente como tales. Es decir, que “no se podrá autorizar ninguna obra o actividad nueva o modificación de las ya existentes que impliquen cambios del uso del suelo hasta tanto la provincia respectiva finalice el ordenamiento territorial de humedales”.
“Esta moratoria se quitó del proyecto con media sanción. Hoy las provincias tienen vía libre para autorizar nuevos emprendimientos. Otro punto que se quitó es de la definición de humedales aquellos que pertenecen al área andina. Es una zona con mucha explotación de litio”, detalló Dunda.
Sí es parte de la futura ley la creación de un Inventario Nacional de Humedales de todo el territorio nacional que deberá estar finalizado en tres años a partir de la entrada en vigencia de la ley.
“Desde nuestro lugar vamos a seguir haciendo todas las negociaciones que estén a nuestro alcance con los representantes del pueblo en la Legislatura, junto con las otras organizaciones nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). También seguiremos en la tarea de generar conciencia sobre la importancia que tienen estos ecosistemas para todo el país, porque no solamente la cuenca del Paraná es importante sino también las marismas en la Patagonia o las salinas del norte. Hay que entender que son lugares sustanciales para la biodiversidad, la vida toda y para obtener agua potable”, afirmó Dunda.
Un panorama sombrío
Según la Convención sobre Humedales de Rámsar el panorama en todo el mundo es sombrío. Las estimaciones científicas muestran que desde 1900 desapareció el 64% de los humedales del planeta. La pérdida es aún mayor en algunas regiones, sobre todo en Asia. Aunque los humedales continentales están desapareciendo a un ritmo mayor que los humedales costeros, la tendencia general está clara.
Según estos datos, el acceso al agua dulce está mermando para entre uno y dos mil millones de personas en el mundo, y el control de las inundaciones, el almacenamiento de carbono y los medios de vida tradicionales relacionados con los humedales también se ven afectados.
La Convención de Ramsar es uno de los patrocinadores del Índice de Extensión de los Humedales, que proporciona un indicador de la pérdida de los mismos en las últimas décadas al medir la disminución en una muestra mundial de más de 1.000 humedales entre 1970 y 2008. En términos generales, la extensión de dichos humedales se redujo en un 40% como promedio durante este período.
