El detenido Ibar Pérez Corradi ya se encuentra declarando otra vez ante la jueza María Servini de Cubría en los tribunales de Comodoro Py por el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico ilegal de efedrina.

Con un fuerte operativo en los tribunales, Pérez Corradi ingresó al juzgado donde será nuevamente indagado tras ser extraditado desde Paraguay.

 

Carlos Broitman, uno de sus abogados defensores, informó a Télam esta mañana que su defendido se referirá a la denominada «ruta de la efedrina, a los precursores químicos y a la presunta complicidad de ex funcionarios».

Según el letrado, Pérez Corradi (38) también habalrá sobre «narcotráfico y terrorismo en la Triple Frontera» y luego -probablemente en otra audiencia con fecha a designar- sobre «los fondos para la campaña de 2007, Venezuela y triple crimen de General Rodríguez».

La indagatoria al ex empresario farmacéutico comenzó el miércoles pasado -un día después de ser extraditado desde Paraguay- en el Edificio Centinela de Gendarmería Nacional, en Retiro, donde está alojado desde su llegada al país bajo estrictas medidas de seguridad.

En esa oportunidad, el acusado le dijo a la jueza Servini que -según le dijo Sebastián Forza (34)- una de las víctimas del triple crimen, el hombre conocido como «La Morsa», era el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández.

El imputado hizo una introducción de los temas sobre los que se va a explayar, adelantó que también va a referirse al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y prometió aportar pruebas.

En el marco de este expediente, Martín Lanatta (42), condenado a prisión perpetua por el triple crimen junto con su hermano Cristian (44) y los hermanos Víctor (35) y Marcelo Schillaci (36), declaró que «el negocio del tráfico de efedrina se lo termina quedando en la totalidad Aníbal Fernández con la gente de Inteligencia» y aseguró que le decían «La Morsa».

Lanatta también relató que conoció al ex jefe de Gabinete a través de Andrés Meiszner, quien estuvo a cargo del Registro Nacional de Armas hasta diciembre de 2011 y era quien recaudaba para «el uno» (por Aníbal) con los «negocios paralelos» del organismo, entre ellos, las habilitaciones para la portación de armas.

Añadió que fue en ese marco que Forza lo contactó para que le hiciera un «puente» con Fernández, por entonces ministro de Seguridad y Justicia, y que a cambio de 250.000 dólares, el funcionario aceptó ocuparse de los asuntos de quien luego fuera una de las tres víctimas. Fue entonces que comenzó, según Lanatta, el contacto de Aníbal con el tráfico de efedrina.

Otra persona que habló al respecto fue Solange Bellone (38), viuda de Forza, quien dijo que su marido le había pagado esa suma a alguien apodado «La Morsa», pero que ella no sabía quién era sino sólo que «tenía bigotes».

Por su parte, Pérez Corradi ingresó en el Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia luego de así requerirlo ante la jueza Servini, quien aceptó la solicitud.

En ese sentido, el secretario de Política Criminal de esa cartera, Martín Casares, explicó a Télam que el ingreso al programa «implica una protección física para él y su familia», ya que desde que fue detenido en Paraguay el imputado manifestó que temía ser asesinado por la información que tiene para aportar a la Justicia.

Casares indicó que luego de que la jueza libró un oficio al Ministerio de Justicia para solicitar el ingreso al programa, se mantuvieron contactos con la cartera de Seguridad a fin de armar un esquema de protección para el ex empresario.

En tanto, el abogado Broitman aclaró que el ingreso de Pérez Corradi en el programa «no tiene ningún beneficio judicial» para el detenido.