El empresario fue condenado hoy a dos años y cinco meses de prisión por contrabando de 50 kilos de la droga desde China simulando ser pólvora, sumándose a los siete años que ya se le habían aplicado.
Según la acusación, la sustancia importada era desviada hacia bandas de narcotráfico para fabricar drogas sintéticas.
El fiscal federal Ramiro González imputó al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia y a su entonces segundo, Juan Martín Mena, a partir de escuchas sobre el juez Casanello.
Es por la causa que investiga el supuesto encubrimiento del ex titular de la AFI a Ibar Pérez Corradi, que estaba acusado por el triple crimen de General Rodríguez. Ahora deberá decidir la Cámara Federal.
Los determinó el juez Lijo tras considerar que el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia ocultó informes para que el ex prófugo eludiera a la justicia en Paraguay.
Lo resolvió en relación a la causa que investiga los supuestos delitos de "amenazas y homicidio agravado" de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. El hecho ocurrió en 2008 en la localidad de General Rodríguez.
Esteban Pérez Corradi, quien está preso y condenado como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, confirmó que tuvo “protección” del kirchnerismo para mantenerse en condición de prófugo.
La jueza federal se opuso a la decisión de su par, de extraditar al exempresario farmacéutico y envió un oficio a la cancillería en el que detalló los motivos de su postura.
Así lo dispuso el juez federal Ariel Lijo quien firmó el viernes último la citación a indagatoria del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, programada para la última semana de agosto.
El detenido implicado en el triple crimen de General Rodríguez y por el tráfico ilegal de efedrina se presentó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py bajo un fuerte operativo de seguridad.
La indagatoria se iniciará a las 10 y se referirá a la “ruta de la efedrina, a los precursores químicos y a la presunta complicidad de ex funcionarios". Su abogado dijo que su ingreso al Programa de Protección de Testigos no tiene ningún beneficio judicial.
El imputado quedó bajo esa situación a pedido de la jueza María Romilda Servini, que a su vez dio lugar a una solicitud de la defensa del prófugo. Esta medida implicaría protección física para él y su familia.