Este jueves, en los Tribunales Provinciales de Rosario, el juez de primera instancia Santiago Becerra dictó la prisión preventiva efectiva para dos de los siete policías imputados por las golpizas que recibieron el pasado viernes un grupo de chicos que tomaba una gaseosa en las Cuatro Plazas. Al resto de los uniformados que participaron del hecho se les atribuyeron los mismos delitos: apremios, falsificación de acta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, pero podrán permanecer en libertad en tanto respeten la prohibición de tener cualquier tipo de contacto con las víctimas.
La fiscal Karina Bartocci, a cargo de la Unidad de Violencia Institucional pidió la prisión preventiva para dos de los acusados, los suboficiales Mariano S. y Erika D. ambos del Comando Radioeléctrico, en tanto que continúa investigando las responsabilidades del resto, que están imputados pero permanecerán en libertad: el suboficial Walter D., también del Comando y los suboficiales Gastón F. y Roberto S., y los cabos Ariel G. y Santiago M. de la Policía de Acción Táctica. Para los últimos se prohibió todo tipo de contacto con las víctimas.
«Se pidió prisión preventiva para los primeros dos oficiales que llegaron al lugar y que iniciaron esta detención sin ningún motivo y que, gracias a ellos, se agolparon más móviles policiales y desplegaron toda la violencia» explicó la fiscal Bartocci.
En tanto al resto de los imputados, los que no quedaron detenidos, por ahora tenemos en claro que participaron de las aprehensiones. Esto no quiere decir que hayan aprendido sin fundamentos, porque ellos tenían la versión de los otros dos primeros. Quienes sabían que los chicos no estaban cometiendo ningún ilícito fueron los dos primeros en llegar a la escena».
En cuanto al personal de la Comisaría 14ª, donde fue trasladado el procedimiento luego de la detención, la funcionaria judicial señaló que se está investigando «si hay algún tipo de negligencia con el personal de la comisaría o connivencia con los policías implicados». «Digo negligencia o connivencia porque no se llamó inmediatamente al fiscal para informar que había personas aprehendidas, y habiendo personas visiblemente lesionadas no se informó en forma inmediata a las autoridades pertinentes».
Hay una octava oficial imputada, identificada como Cristina G. que no se encuentra en la provincia de Santa Fe por lo cual su imputación está pendiente.
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