Este lunes dos personas fueron imputadas en el marco de la investigación que se sigue por las cientos de amenazas recibidas por dirigentes de Derechos Humanos, militantes sociales, funcionarios públicos, fiscales, abogados querellantes en juicios de Lesa Humanidad, concejales y diputados. Los acusados, detenidos la semana pasada en una serie de allanamientos, deberán cumplir prisión preventiva.
El fiscal Gustavo Ponce Asahad, de la Unidad de Investigación y Juicio, les imputó a los acusados los hechos de amenazas sitemáticas. La metodología empleada a tal fin era crear grupos de whatsapp, incorporar a las víctimas y comenzar a proferir amenazas, incluso de muerte e insultos en dichos grupos. Algunos de los nombres que llevan dichos grupos nombres como “Zitelli vive”, “El Tucu vive” (por el represor Eduardo Constanzo o “Muerte a Milagro Sala”“muerte a Milagro Sala”. Y las amenazas proferidas van desde “prepárense para ser raptados” a “están todos muertos”. Los grupos se creaban a través de teléfonos celulares que iban cambiando.
Los imputados, Lucas S., de 40 años, quien además es integrante de la Policía Federal y Teresa C. de 53 enfrentan cargo por los delitos de amenazas calificadas por ser anónimas y apología del delito en carácter de autores. La jueza de Primera Instancia Paula Álvarez aceptó la calificación legal presentada por la Fiscalía y dictó 45 días de prisión preventiva. Además, al primero se le atribuye la difusión de una fotografía de índole sexual que incumbe a un menor de edad. Ambos acusados fueron aprehendidos el 5 de abril de 2018, mediante un allanamiento en el que también se secuestraron sus celulares.
Durante la audiencia imputativa, una de las víctimas hizo uso de la palabra y ratificó el relato de los hechos. Por su parte, los acusados también hicieron lo propio y negaron todos los cargos.
