En una dura exposición parlamentaria, referentes de derechos humanos criticaron la alarmante arbitrariedad y lentitud de la Justicia Federal. Advirtieron que, de los 1.237 condenados en el país, apenas 82 están en cárceles comunes.
La resolución del tribunal de alzada tiene «efectos suspensivos» sobre el fallo de primera instancia, del juez Ojeda, que había otorgado una cautelar solicitada por la CGT contra ley de precarización del trabajo.
El diputado Jorge Taiana, cargó contra la propuesta del oficialismo para reformar la norma al advertir que no «entiende porque el Gobierno les da tanto a las mineras», no sin antes mencionar que puede «haber una ventaja personal de alguien» y por eso preocupa que «haya situaciones de corrupción».
El Tribunal Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, encabezará en los próximos días el interrogatorio a unos 20 testigos, en una instancia que consideran “clave y decisiva”.
El diputado nacional Diego Giuliano, planteó que hay que «hay que establecer un régimen para menores que delinquen, especializado y que trabaje las conductas, revincule, resocialice, o no habrá solución. Hoy, no hay jueces juveniles, no hay defensores juveniles, no hay recursos en el proyecto del Gobierno»
