La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó ayer en Montevideo una audiencia a la que asistieron funcionarios del Gobierno argentino, familiares de Santiago Maldonado y representantes legales de la Pu Lof de Cushamen, quienes solicitaron una ampliación de las medidas cautelares emitidas por el organismo internacional sobre hechos represivos sufridos por la comunidad mapuche y el caso del joven artesano.
En la reunión estuvieron presentes el presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren Praeli; una delegación del Poder Ejecutivo argentino encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; Sergio Maldonado -hermano de Santiago-, su esposa, Andrea Antico, y la representante legal de la familia, Verónica Heredia; y los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro, patrocinadores de la comunidad mapuche de Cushamen.
Según confió González Quintana, los representantes del Estado argentino le trasmitieron a la familia Maldonado sus condolencias por la muerte de Santiago, cuyo cuerpo fue hallado en el río Chubut después de 78 días de haberse producido su desaparición.
“Esas disculpas no dejaron conformes a la familia. Creemos que el Gobierno no pudo explicar, a lo largo de la reunión qué hizo para dar con Santiago. Se limitaron a trascribir detalles de la causa judicial, pero nada más”, explicó el letrado a esta agencia al cabo del encuentro que trascurrió en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay.
En ese sentido, González Quintana adelantó que en calidad de asesor de la comunidad originaria pedirá que se amplíen las cautelares sobre la represión ocurrida entre el 10 y el 11 de enero en Cushamen y el capítulo referido a Santiago Maldonado que figura en ese expediente abierto por la CIDH.
Además, el letrado reveló que dos integrantes del Pu Lof se entrevistaron tras la audiencia con José Eguiguren Praeli, titular de la Comisión, para conocer la realidad de la comunidad.
