La justicia federal de La Plata resolverá mañana si concede o no el beneficio de arresto domiciliario al represor Miguel Etchecolatz, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad y genocidio durante la última dictadura.

A fines de julio último, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, con votos de los subrogantes Germán Castelli y Jorge Michelle, concedió a Etchecolatz el arresto domiciliario en base a sus 87 años, la hipertensión que padece y el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

Sin embargo, la medida no se efectivizó ya que Etchecolatz está a disposición de otros jueces en el marco de otras causas por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención que dependían del ex director de Inteligencia de la Policía bonaerense.

Una fuente judicial precisó a la agencia Télam que mañana, tras asumir como juez subrogante Alejandro Esmoris, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata está en condiciones de resolver si otorga el beneficio del arresto domiciliario para Etchecolatz en cuatro causas que lo tienen como principal imputado.

La posibilidad de que el represor pueda cumplir su condena en su casa del barrio Los Troncos de Mar del Plata enfureció a las víctimas y familiares de personas secuestradas, torturadas y asesinadas en centros de detención ilegal a cargo de Etchecolatz y derivó en la realización de multitudinarias marchas hasta los tribunales federales de La Plata, en la que participaron organizaciones de derechos humanos e inclusive el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Paso atrás desde el Estado

Por su parte, el Estado dejará de apelar cuando la Justicia disponga el beneficio de la prisión domiciliaria a represores condenados por delitos de lesa humanidad, publicó un matutino porteño.

Según publicó el diario Clarín, el Gobierno prevé un aumento de requerimientos de prisión domiciliaria para represores mayores de 70 años detenidos por delitos de lesa humanidad.

Los funcionarios de la gestión de Mauricio Macri pronostican que la Justicia les hará lugar a los pedidos y que se impone la decisión política de no apelar.

«Es el tiempo que nos toca vivir», explican en la Secretaría de Derechos Humanos en alusión a la edad cada vez más avanzada de los 1.056 detenidos que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad registran hasta el 30 de junio.

Según el Ministerio Público, hasta junio pasado había 462 detenidos por crímenes de lesa humanidad con arresto domiciliario.