Este domingo,  a las 9.38 de la mañana volvieron a sonar las estremecedoras sirenas de los camiones de los Bomberos de Rosario, frente a las cruces apostadas en el muro que se erige en el lugar de lo que alguna vez fue un edificio, en Salta 2141. Y los familiares y amigos de las víctimas, como cada año, volvieron a encender las velas, una por cada víctima y a reclamar Justicia por las vidas truncadas en una absurda y evitable tragedia.

Junto a la intendenta Mónica Fein, al secretario de Salud Pública de Rosario, Leonardo Caruana, concejales y funcionarios, los  familiares se agruparon en torno al escenario, en el cual Rubén Goldín cantó en memoria de las 22 personas fallecidas aquel 6 de agosto de 2013.

Los familiares de las víctimas expresaron su agradecimiento a los diputados Carlos Del Frade, Sergio Mas Varela  y a los concejales  María Eugenia Schmuck y Carlos Cardozo, que se involucraron en el tema y finalmente consiguieron la tan ansiada expropiación.

En ese sentido, en diálogo con este medio, el diputado Carlos Del Frade recordó que esta tragedia es la acumulación de la «desidia y la corrupción acumuladas en lo que fue la privatización más espantosa de la historia Argentina, que fue la de Gas del Estado, porque se hizo con un diputado trucho que votó esa privatización». «A partir de ahí, tuvimos  más desidia y mas corrupción, que terminó en esto».

Del Frade también subrayó el hecho de que el gobernador de la provincia, Miguel Lisfschitz, «apruebe el proyecto de expropiación que presentamos nosotros es algo muy interesante». «Los familiares sienten que es una reparación simbólica para que el lugar no sea rápidamente transformado en otra cosa y todo quede en el olvido, así que nos parece muy importante subrayar que, sinceramente, esto es el resultado de la voluntad de Lifschitz porque, en su momento, Bonfatti no la tuvo».

«Yo creo que en primer lugar el estado tiene que recuperar las empresas que fueron mal vendidas, pero mientras tanto eso no suceda, el control político y el control social sobre las empresas de servicios debe ser fundamental, si uno mira para otro lado, lo único que hacen las empresas es ganar dinero a costa de lo que sea, incluso, de vidas».

Por su parte, la concejal María Eugenia Schmuck enfatizo que «después de cuatro años no hay nadie condenado». «Hay un informe e la Auditoria General de la Nación que da cuenta de la enorme cantidad de irregularidades del ente que tenía que controlar, que es el Enargas y de la empresa, y ese tiene que ser un motivo mas que suficiente para que se revise la concesión de Litoral Gas, y que haya justicia por parte de los poderes que deben encargarse, que es el Poder Judicial, pero también el ejecutivo debería revisar la concesión de la empres y ponerse a la cabeza de esto».

La concejal se mostró satisfecha con la expropiación porque «es una lucha que se viene dando desde hace mucho tiempo», y enfatizó que «ahora queda la resolución de la justicia, que es lo que más le importa a los familiares, porque es hora de que alguien cumpla condena por esta masacre de 22 personas».

También el subinspector Ramírez, del cuerpo de Bomberos Zapadores, que fue uno de los primeros en llegar al lugar habló con Conclusión y resaltó: «Si hoy estamos acá es porque queremos justicia porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros y es una tragedia que se podía evitar».

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