La justicia local rechazó la impugnación presentada por la empresa Litoral Gas, en la que había cuestionado a los peritos de la Policía Judicial de Córdoba para investigar las causas de la explosión ocurrida el 6 de agosto de 2013, en Salta 2141 que arrojó el saldo fatal de 22 personas fallecidas.
En una resolución, el juez Ismael Manfrín hizo lugar al informe elaborado por el perito de parte de la fiscalía a cargo de Graciela Argüelles, quien además había solicitado una segunda pericia en la causa.
Litoral Gas cuestionó a los peritos de parte, argumentando que los títulos habilitantes de los peritos de la Policía Judicial de Córdoba no son los que necesitan para este tipo de pericias. En respuesta a los cuestionamientos presentados por la empresa, el juez resolvió avalar a los especialistas y los consideró aptos para realizar las pericias.
La resolución de Manfrín expresa que “no cabe más que desestimar el planteo en relación a la supuesta falta de idoneidad de los peritos, toda vez que se estiman suficientes los antecedentes acompañados para las tareas periciales encomendadas, máxime cuando se amplían los mismos detallando pericias efectuadas en relación a hechos que guardan similitud”, con el caso que se investiga.
En la causa se encuentran procesados por estrago culposo agravado, Carlos García y su ayudante, Pablo Miño; el gasista que trabajó días antes a la tragedia; José Allala y tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.
Además están procesados por el mismo delito los inspectores de la empresa Litoral Gas, Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección Claudio Tonucci y la gerenta técnica Viviana Leegstra.
