Desde la Concejalía Popular, organización que preside Nire Roldán, se presentó este viernes un proyecto de Ley para que la comisión inmobiliaria comience a ser paga por los dueños y de esa manera frenar la especulación inmobiliaria. Asimismo, se presentó el Índice Metropolitano con la intención de impedir que sigan cerrando locales comerciales en Rosario.
Roldán se hizo presente en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio, en donde compartió reunión junto al secretario general del gremio mercantil, Luis Battistelli; y el ministro de Producción de la provincia de Santa Fe, Luis Contigiani.
El titular de la Concejalía Popular dialogó con Conclusión en relación a las modificaciones de este proyecto. «Presentamos la modificación de una Ley existente que es la creación de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, donde modificamos el art. 12 y el art. 61 ya que de ninguna manera se le puede repetir el cobro de la comisión u honorarios al locatario del inmueble, en el caso de y alquileres para viviendas y en los locales comerciales».
«Estamos planteando una política muy seria dirigida a los locales comerciales donde entendemos que no tiene que cerrar más ningún local comercial. Según un informe de la ONG, Roldán reveló que en lo que va del año, el cierre de los locales llegó a 1.920 en la ciudad.
En relación a esto, Nire Roldán consideró que las principales razones del cierre de los locales comerciales son «la caída económica que en el primer semestre del año tuvo un estancamiento, la presión tarifaria y la imprevisibilidad que tiene el comerciante respecto a cuánto le va a salir el gas y la energía».
«Todos estos factores hacen que los negocios no funcionen normalmente, y a esto se le suman los costos de alquiler y los contratos ya celebrados que están pactados con aumentos, y en ese sentido creemos que hay que establecer un tope de aumento que tiene que estar ajustado en las paritarias», agregó.
En relación a las modificaciones que se plantean, Roldán señaló que las denuncias de los inquilinos son variadas, por tal motivo, plantean la construcción de herramientas sociales alternativas a la especulación inmobiliaria.
«Hay denuncias vinculadas a los abusos en el contrato de alquiler, que son de varios tipos, entre ellas, las exigencias con las garantías; pagos que tiene que realizar el inquilino. Nosotros decimos, que el 82% de los casos tienen una o más cláusulas abusivas, y eso hay que modificarlo y para ello hay que hacer un servicio público del alquiler».
En este marco, el titular de la Concejalía Popular planteó también la creación de un Índice Metropolitano para dejar sin efecto las indexaciones encubiertas que se pactan en los contratos, y para que los aumentos en las renovaciones no reflejen las exigencias actuales, con incrementos cercanos al 35 por ciento, generando «una caída muy grande en la ociosidad de los locales comerciales».
«Es un promedio de valores que entendemos que hay que hacerlo en conjunto, entre el Estado, técnicos propios y de la universidad, donde se plantee el valor de aumento de los trabajadores de comercio, municipales y docentes, en distintos segmentos, sobretodo los más pequeños», cerró.
