La jueza de Menores N° 2 de los Tribunales de Rosario, Gabriela Sansó, dictó una resolución en la que alertó y convocó a las autoridades provinciales, locales y a la sociedad civil en su conjunto a elaborar un plan para poner fin a los disturbios ocasionados por alumnos de secundaria en los festejos que realizan durante el último año de cursado.
La magistrada realizó estas consideraciones a partir de una resolución en la que declaró no punible, por ser menor de edad, a un alumno de un colegio privado que había sido detenido en marzo “festejando” el inicio del último año tirando bombas de estruendo y realizando pintadas con aerosol junto a varios de sus compañeros de curso.
Aquel día, alumnos de quinto año festejaban el “último primer día” de clases, para lo que alquilaron un bar en el que pasaron la noche escuchando música y tomando alcohol, y que terminó antes de lo esperado debido a que el dueño del establecimiento los echó por los disturbios que estaban ocasionando y porque uno de los jóvenes “cacheteó” a su pareja.
Por tal motivo se trasladaron a la esquina de Oroño y Rioja, donde continuaron los festejos tirando bombas de estruendo y realizando pintadas en la vía pública. En ese contexto llegó la policía y detuvo a uno de los menores que posteriormente sería acusado del delito de daño.
En su resolución, la jueza Sansó hace referencia al papel del colegio, de los padres y del Estado en relación a este tipo de festejos.
Respecto del colegio reconoce que la institución realizó diversas acciones de prevención y concientización para proteger a los adolescentes, pero pese a esto no ha podido desarticular estas prácticas y considera que “es obvio que el colegio no puede hacerlo solo”. Por esta razón involucra a los padres de los jóvenes, quienes, a pesar de tener conocimiento de la modalidad del festejo, se encargaron de contratar el salón, darles dinero para comprar alcohol, pintura y pirotecnia, y permiso para ir sin importar que no haya nadie encargado de supervisar al grupo.
Por último, hace referencia al rol del Estado y a que “el reconocimiento de la realidad es el punto de partida para la constitución de instancias institucionales que contribuyan a una definición y solución del problema, siendo necesario mecanismos de diálogo entre todos los actores involucrados” y convoca a que “se articule interministerialmente e interdisciplinariamente, juntamente con las autoridades locales y miembros de la comunidad civil”, un plan para alcanzar una solución definitiva.
