La Secretaría de Trabajo de la Nación apeló un fallo de la jueza Liliana Rodríguez Fernández que dejaba sin efecto algunas reformas laborales includas en el DNU. En la presentación, el Gobierno Nacional consideró que “el derecho a huelga ha quedado en las últimas décadas convertido en una instancia de violencia, de irrespetuosidad al derecho de otros”.
La decisión del tribunal generó la reacción e insultos por parte de los familiares del menor fallecido, que fuera entregado por las letradas en manos de las asesinas.
Aunque esta situación es de suma preocupación, lo cierto es que la letrada, Alejandra Abrevaya, no se apartó de la causa por las amenazas, sino que fue por la presentación de los abogados de la institución de La Ribera.
La magistrado había sido filmada por una cámara de la cárcel de Trelew cuando besó a un peligroso delincuente a quien ella había sentenciado por un crimen.
Se trata de las empresas Total Química, Reciclarte, Euro, Subproductos Ganaderos Rosario, Mattievich y Shorton, ubicadas en el polo industrial de Villa Gobernador Gálvez, que ahora deberán adecuar sus procesos de gestión de efluentes a las leyes vigentes y pagar el saneamiento de la zona.
La primera ministra expuso que la jueza había declarado "unilateralmente" que Túnez es un "país inseguro" al cual no puede devolverse un migrante cuando esta tarea no incumbe al Poder Judicial sino al Ejecutivo.
El crimen fue cometido en noviembre de 2021 por Valentina Espósito, la madre, y su pareja, Abigail Páez, quienes fueron condenadas a prisión perpetua por homicidio, además de hechos de abuso sexual.
La medida por el conflicto de los trabajadores municipales fue dispuesta por la jueza Marisol Usandizaga e implica la libre circulación de los empleados y vehículos municipales para garantizar los servicios.
El fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska eximió de responsabilidad a la petrolera YPF en la reestatización, por lo que sus activos no corren riesgo de ser embargados. Ahora, el Estado argentino podrá apelar la decisión.
La magistrado había sido recusada debido a su vínculo con el instituto de formación policial que depende de la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia la efectuó el ministro de Justicia y DDHH de la Nación Martín Soria. Publicó documentación que acredita la contratación y un artículo que establece la incompatibilidad de los trabajos.
La decisión fue tomada por la Cámara Federal porteña. Apuntan a confirmar el testimonio del testigo que aseguró haber escuchado al legislador.