Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

Mauricio Macri firmó este martes por la noche los decretos que establecen regulaciones para «evitar conflictos de interés» para casos que involucren a funcionarios.

Los decretos que firmó el presidente entraron en vigencia este miércoles tras la publicación en el Boletín Oficial y horas antes del informe de gestión que brindará el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el Congreso.

No se descarta que el tema que no estaba presente en la agenda de preguntas a Marcos Peña sea parte del debate que se desarrollará en la Cámara de diputados cuando el el Jefe de Gabinete y sus funcionarios brinden el informe de gestión.

Este último acto del Ejecutivo, en materia de legislación, emerge como un nuevo factor de confrontación que se suma a las críticas generadas por los casos del Correo y la empresa Avianca.

La polémica se suscitó este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside el oficialista Pablo Tonelli.

El diputado Guillermo Carmona sostuvo a este medio que “el presidente se está autoregulando”, a la vez que llamó al primer mandatario para que “que suspenda la firma de los decretos y remita un proyecto de ley como corresponde”, porque se trata de “es una materia propia y exclusiva de ética pública”.

El mendocino ajustó aún más su posición y postuló que sea el Congreso el que “tenga la posibilidad de elegir cuál es el régimen que van a tener que cumplir el presidente y sus ministros”.

Tanto Carmona como el diputado Pablo Kosiner consideraron que cualquier modificación a la ley de Ética debe ser tratada en el Congreso y no puede ser reformada a través de un decreto.

Desde el oficialismo señaló el diputado Pablo Tonelli que efectúe «las gestiones para que el Poder Ejecutivo se abstenga de emitir esos decretos, ya que la reforma de la ley es una facultad exclusiva de este Congreso».

En la comisión hay un proyecto de la diputada radical Karina Banfi y el jefe de la bancada, Mario Negri, sobre conflicto de intereses que abarca a los tres poderes del Estado, otro de la diputada Graciela Camaño, y otras iniciativas sobre lobby impulsados por legisladores de diferente extracción política.

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