Cinco hombres fueron condenados a cumplir tres años de prisión de cumplimiento efectivo por ser integrantes de una organización delictiva que confeccionaba y vendía licencias de conducir y libretas de sanidad falsas en las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe. La investigación fue encabezada por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Omar De Pedro.
Los cinco condenados son Jorge Pablo Layana (33 años), Jorge Alberto Layana (63 años), Luciano Carlos Pozzo (42 años), Alberto Oscar Chatelain (45 años) y Oscar Alcides Cuevas (66 años). Por su parte, Ramiro Jesús González falleció mientras estaba detenido con prisión preventiva en el marco de esta investigación.
Las penas de cumplimiento efectivo para los cinco hombres fueron resueltas en el marco de dos juicios en los que se abreviaron los procedimientos y cuyos jueces de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) fueron Jorge Pegassano y Nicolás Falkenberg. Los cinco fueron condenados por ser autores del delito de asociación ilícita –en calidad de miembro de la organización– y falsificación de documentos públicos, ambos en concurso real.
Organización desbaratada
“La organización delictiva fabricaba los documentos públicos falsos y luego los vendía a terceras personas”, informó De Pedro. En tal sentido, agregó que “la actividad se desarrollaba en la ciudad de Santo Tomé y las ventas se concretaban en la estación de servicio Aspro ubicada en Hernandarias y Moreno; en la plaza ubicada en Buenos Aires y Obispo Gelabert y en una vivienda particular ubicado en Moreno al 3.000. También se entregaron licencias falsas en la plaza ubicada en la intersección de las calles Mendoza y 25 de Mayo de la ciudad de Santa Fe”.
De Pedro hizo hincapié en que “la importancia de esta investigación no sólo radica en el desbaratamiento de la banda. También es relevante que se haya cortado un circuito ilegal por el cual se vendían licencias de conducir truchas, es decir, se brindaba autorización para conducir vehículos en condiciones irregulares con el riesgo que implica para la comunidad”.
En relación a las libretas de sanidad apócrifas, el fiscal del MPA relató que “eran entregadas a González, quien las comercializaba a terceras personas. De hecho, cuando fue allanada su casa, se le secuestraron computadoras, una impresora y varias cartulinas de color verde con la inscripción ‘Libreta de Sanidad’ y letras del logo del gobierno provincial”.
La banda fraguaba documentación´de lo mas variada: carnés del Pami extendidos por Anses, certificados de buena conducta que se realizan en sede policial, certificados de Verificación Técnica Vehicular provincial, certificados de importación que se gestionan en Aduana, títulos de estudios secundarios del Ministerio de Educación y hasta un título de masajista, forman parte de la evidencia que en su momento recogió la Policía de Investigaciones.
Según lo informado luego por el fiscal, los montos que manejaban iban desde los $ 250 que costaba hacer una Libreta de Sanidad trucha a los $ 2.000 a $ 2.500 que costaba hacer una licencia para conducir.
La maniobra quedó al descubierto cuando “una persona que estaba haciendo un trámite para gestionar un carné se enojó, protestó y refirió que era mucho más fácil comprarlo que hacer el trámite en buena ley”, refirió el fiscal. A partir de ese momento fue radicada una denuncia penal en la que intervino la PDI y la Municipalidad de Santo Tomé se puso a disposición de las autoridades, atento a que uno de los implicados es un contratado de la Municipalidad.
