Este domingo los chilenos decidirán en las urnas quién será su futuro presidente y el rumbo económico de los próximos años: el oficialista Alejandro Guillier y un Estado con políticas sociales o el ex presidente Sebastián Piñera y su proyecto de Estado mínimo, aseguró el sociólogo Tomás Undurraga.
El analista chileno explicó que el eje principal de las elecciones de los aspirantes a suceder a la presidenta Michelle Bachelet a partir del 11 de marzo de 2018 es «qué papel tendrá el Estado en la economía, y cuánto están dispuestos los candidatos a discutir respecto del actual modelo económico».
Piñera, quien fue presidente en el período 2010-2014, espera reducir el rol del Estado e «implementar políticas de austeridad que entreguen un papel aún mayor a los privados en la economía, y defender el modelo económico privatizador en Chile», aseguró Undurraga.
En el último debate presidencial, Piñera afirmó que «hay que acabar con el monopolio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)». No obstante, el sociólogo explicó que el candidato opositor «defiende a los agentes privados en salud y en educación».
Piñera «se opone a la ampliación de la gratuidad en salud y educación y es partidario de una regulación mínima a la explotación de los recursos naturales tales como el cobre, litio, pesca», enfatizó el sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile al explicar la política respecto a los grandes proyectos mineros y de inversión.
En tanto, el programa de gobierno del oficialista Guillier propone «ampliar programas sociales sin realizar grandes reformas» y «continuar con el giro progresista del segundo mandato de Bachelet».
En caso de que gane Guillier «el papel del Estado se mantendría en su rol subsidiario del mercado», agregó Undurraga.
«Tal vez las propuestas más innovadoras en el plano económico las ha formulado el equipo económico del Frente Amplio», precisó el sociólogo al referirse a las medidas de la candidata que quedó fuera del balotaje, Beatriz Sánchez.
Según Undurraga, Sánchez «proponía financiar el gasto social con un impuesto del 2% al patrimonio de los ricos, una medida no escuchada antes».
La izquierdista aspiraba a «un cambio estructural del sistema de pensiones, reemplazándolo por un sistema de reparto», añadió.
Los problemas económicos que el próximo gobierno deberá afrontar son «la desigualdad y la extrema concentración del ingreso en la cúspide de la pirámide social» de Chile, indicó el sociólogo.
Undurraga señaló que «éste es un problema estructural que transciende al último gobierno y frente al cual las políticas públicas dentro del actual modelo de desarrollo privatizador tiene herramientas muy limitadas».
A su vez, puntualizó que «la brecha social en Chile no sólo es económica, sino es además social, política, cultural, de género y de acceso a naturaleza».
Pese a que la desigualdad de ingresos bajó levemente en los últimos años, al pasar del 53% en 2003 al 48% en 2015, «las desigualdades estructurales se mantienen estancadas» explicó el catedrático, y remarcó que «el 1% más rico es dueño del 30% de la riqueza del país».
Si bien en los últimos 30 años los gobiernos chilenos han orientado su política a perseguir el crecimiento económico, para Undurraga esa bandera «ya no basta para los ciudadanos de Chile», debido a que representa «mayor riqueza para las grandes empresas, y mayor empleo, pero no mejores condiciones laborales, no mejores sueldos ni mejor convivencia social», aseguró.
«Por eso los chilenos están pidiendo más derechos sociales. Gratuidad en educación, mayor cobertura del Estado en salud, mejores pensiones», añadió el sociólogo especializado en economía.
A esta disconformidad de los ciudadanos, se le suman dos fenómenos: en primer lugar la existencia de un cambio en las expectativas sobre el propio crecimiento en el país a las cuales «el sector privado debe ajustarse» ya que crecer al 4%, como prometían los políticos y esperaban los empresarios hasta hace poco, «es cada vez más difícil en Chile», puntualizó Undurraga.
El otro punto es que «la deuda pública ha crecido sistemáticamente con los precios del cobre relativamente bajos durante el gobierno de Bachelet».
El sociólogo advirtió que si bien el Estado chileno cuenta con divisas invertidas en el exterior para afrontar la deuda, «hacerlo lleva el temor inflacionario a una posible baja del dólar».
