Por Andrea San Esteban
Los abogados “comprometidos por los derechos del pueblo” sostienen que la denuncia contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, por incumplimiento de deberes de funcionario público, está basada en el decreto PEN Decreto PEN 1172/03 Anexo VII, donde el funcionario tiene la obligación de brindar información a los ciudadanos de las razones y modalidad de sus medidas y decisiones. Esto no ha sido así, y han procedido a denunciarlo. En la primera ocasión, la denuncia que ahora se amplió, tiene fecha de 14/12/16 y “versa sobre (Art 249 Código Penal), en el marco del denominado “Tarifazo del gas de 2016””.
Los abogados de “Nace un derecho” sostienen en su escrito (al que Conclusión tuvo acceso) que “se han solicitado múltiples pedidos de información e impugnaciones a actos administrativos sin tener la posibilidad de conocer sus respuestas, omitiendo de esta forma deberes legales propios de sus funciones en competencia, actitud está tipificada por nuestro código punitivo”.
Los profesionales sostienen que “Aranguren fue funcionario de la empresa Shell y conoce perfectamente la información que debe brindar, pero no lo hace deliberadamente, es allí donde decidimos ampliar y ratificar la denuncia”.
El art.239 CP significa desobedecer un acto emitido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y en ámbito de su competencia, implica desconocer la autoridad de quien emitió la orden.
En la primera denuncia los abogados sostenían que “el precio del gas natural “ya producido” en boca de pozo (PIST), (el transporte y la distribución) el “costo de producción” del gas, es decir cuánto le salía al pueblo “comprar” dicho producto y colocarlo en los puntos de ingreso del sistema de transporte, debía ser de información pública y esto no fue así”. Eso los motivó a accionar.
Omitiendo información
“Mediante las resoluciones 152 y 163/2016 el ministro de energía exhorta al Enargas a convocar a audiencia pública delimitando el objeto a tratar los factores tradiciones de estructuración y composición de la tarifa de gas, omitiendo sin hacer caso al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tratar el precio de costo de producción del gas natural, “antes de que ingrese al sistema de transporte, explican los letrados, “comprometidos por los derechos del pueblo” y agregan,“si no se discute el costo de producción se está ocultando información y eso tiene carácter delictivo, por tratarse de una acción de gobierno”.
Aún falta la discusión de la tarifa de la luz, y ellos dicen, “si no se discute el 70 por ciento del precio de la tarifa que nos viene en la factura, desnaturalizando y transformando la convocatoria legal en un mero formalismo de carácter -apriori- delictivo, nosotros vamos a actuar porque, nuestro compromiso es con el pueblo, porque somos sus abogados”.
Ropa sucia y poca tele
“Estamos indignados con las sugerencias del Ministro, ante las nuevas tarifas de luz eléctrica,estamos frente a un ministro con dos grandes orejeras, que no solo aumenta drásticamente el cuadro tarifario en todos sus niveles, sino que además le indica a la población que para poder hacer afrenta al mismo deberá usar por ejemplo la televisión 4 horas por día o lavar la ropa 3 veces por semana”.
