La Salada volverá a funcionar, pero los vendedores sólo podrán cobrar con medios bancarizados
Así lo dispuso una resolución del juez federal Luis Armella, quien ordenó una serie de medidas para garantizar operaciones transparentes en la feria.
La Justicia ordenó la reapertura de La Salada, la feria más grande de Sudamérica ubicada en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en el partido Lomas de Zamora. Este centro comercial estaba cerrado desde hacía semanas, luego de la detención de su principal referente, Jorge Castillo, quien está acusado de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión fiscal, entre otros delitos.
Un informe realizado por la Secretaría de Comercio de Estados Unidos advirtió que en los últimos años se multiplicaron los tours de compras desde Brasil y Uruguay para realizar compras en La Salada y que esta feria es uno de los mercados más importantes de “falsificación y piratería en el mundo”.
Se estima que unos 48.000 feriantes vendían productos en este predio, que tiene tres paseos de compras. Para volver a funcionar, esta feria, fundada en 1992, deberá cumplir estrictas condiciones.
De acuerdo con la resolución del juez Luis Armella, los vendedores que pretendan comerciar en algún lugar de las veinte hectáreas conformadas por los paseos de compra Urkupiña, Ocean y Punta Mogote, deberán cumplir varias medidas, y además tendrá que haber un veedor judicial, de la Municipalidad y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).
La nueva intervención, aún por designar, deberá garantizar que estén registrados inquilinos y puestos alquilados, y que se instalen sistemas bancarizados, dado que los feriantes sólo podrán cobrar bajo esa modalidad.
El Sindicato de Trabajadores de Ferias había solicitado el levantamiento de la clausura con el fin de garantizar “condiciones de trabajo dignas”. Además, apuntó que la cantidad de puestos de trabajo generados por las ferias ronda los 150.000, si se incluyen carreros, puestos de alimentos y remiseros, entre otros.
En el marco de esta causa, la fiscal federal Cecilia Incardona acusó a Jorge Castillo, Aldo Presa, Antonio Corrillo Torrez y Enrique Antequera (quien está prófugo), de lograr “ganancias millonarias informales que luego incorporaban a la economía formal mediante inversiones en el mercado financiero y la adquisición de bienes y servicios”.
Incardona denunció que el “abultado patrimonio y nivel socioeconómico de los acusados eran evidencia de esto”.
La Justicia ya secuestró 26 vehículos, dos embarcaciones y 13 propiedades pertenecientes a los denunciados.