Crece el malestar de las provincias por el abandono de las rutas nacionales

El estado crítico de las rutas nacionales avivó el conflicto entre varias provincias y el Gobierno de Javier Milei. La Justicia Federal de Formosa ordenó a Vialidad Nacional realizar obras urgentes en las rutas 11, 81, 86 y 95.

En paralelo, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que acudirá a la Justicia por el “abandono” de rutas clave, y desde Santa Fe, el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico calificó la situación como “criminal”. Los reclamos se dan en el marco de una ofensiva coordinada de mandatarios provinciales para exigir a Nación mayor inversión en infraestructura vial.

Una de las provincias que tomó la iniciativa de ir a la justicia fue Formosa. El Juzgado Federal Nº1 hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Fundación «Padres Unidos por el Dolor», el Sindicato de Camioneros y la Asociación de Transportadores de Hacienda, con el patrocinio del Defensor del Pueblo de la provincia, y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a realizar obras urgentes en las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95.

La decisión judicial obliga al organismo nacional a ejecutar, en un plazo de 90 días, tareas de bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas en los tramos más críticos, incluyendo el Puente Blanco, cuya estructura, según el fallo representa un riesgo para la seguridad vial.

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De acuerdo con el juzgado, la decisión del Gobierno nacional de paralizar las obras de mantenimiento «pone en riesgo la vida, el trabajo y otros derechos fundamentales con la sola excusa de ahorrar dinero, como si las personas solo fueran números». Además, la medida advierte que la Nación “omitió su obligación de realizar las reparaciones necesarias para garantizar un tránsito seguro y se desligó de asegurar caminos en condiciones, así como la integridad física de sus usuarios”.

“El abandono de las rutas nacionales provoca un impedimento en el tránsito y pone en riesgo derechos fundamentales como la vida, el trabajo, la salud, la educación, la propiedad, la seguridad vial y la economía local”, señalaron los magistrados.

También La Pampa se sumó a los reclamos por el abandono de las rutas nacionales. El gobernador Sergio Ziliotto denunció que “casi el 60% de las rutas nacionales” que atraviesan suelo pampeano se encuentran en “estado crítico”. Según detalló, desde que Milei asumió la presidencia, la inversión nacional en infraestructura vial ha sido nula, lo que aceleró el deterioro de más de 600 kilómetros de corredores nacionales. Las rutas más afectadas son la 5 (entre Santa Rosa y La Gloria), 152, 143, 151, 154, 188 y algunos tramos de la 35, según consignó el medio local Diario Textual.

En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck anunció que presentará una medida cautelar ante la Justicia Federal para exigir que el Gobierno nacional se haga cargo del mantenimiento de las rutas. “Uno de los grandes temas de la Argentina es la conectividad y la logística. No hay una sola provincia donde haya obras del Estado nacional. Ninguna. El nivel de deterioro y desgaste es enorme”, expresó en una entrevista.

El mandatario anticipó que iniciará acciones legales primero por la ruta provincial 151 y luego por la ruta nacional 22, a través de la Fiscalía de Estado, en conjunto con intendentes del oeste, cámaras empresariales y gremios. Agregó que los reclamos administrativos se agotaron sin obtener respuestas y que el mal estado también afecta a las rutas 3, 23 y 40 Sur, “poniendo en riesgo la vida de los conductores”.

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Weretilneck advirtió que la inacción del Gobierno nacional perjudica no solo a quienes circulan por esas rutas, sino también al comercio, el turismo y la producción, ya que se trata de vías estratégicas que conectan zonas petroleras y provincias clave, por donde circulan a diario miles de personas y camiones de carga.

En Santa Fe, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, denunció el estado de abandono de la ruta nacional 33 y del corredor vial Nº 11, entre otras trazas. «Estamos a 200 metros de la vergüenza nacional más grande que tiene esta región», declaró, en alusión al deterioro del pavimento.

Responsabilizó directamente al Gobierno nacional por la falta de mantenimiento, y fue contundente: “No esperemos nada de Nación porque no les interesa, no está en sus prioridades”. También aseguró que la Nación ha desoído fallos judiciales que la obligan a reparar las rutas y mantener la calzada en condiciones seguras. “No se trata de nuevas obras públicas, sino simplemente de cumplir con la obligación de mantener las rutas, algo directamente vinculado a la seguridad vial de miles de personas”, remarcó.

En ese contexto, Enrico advirtió que esta “desidia” podría derivar en una causa penal por incumplimiento de deberes de funcionario público, al estar comprometida la infraestructura nacional. Si bien reconoció aspectos positivos de otras políticas del Gobierno, fue incisivo “Esto de las rutas nacionales es criminal”.