Rosario se manifestó para exigir que el Senado apruebe la Ley de Emergencia en Discapacidad 

Personas con discapacidad, sus familias y trabajadores del sector se manifestaron durante la mañana de este jueves frente al Concejo Municipal de Rosario –ubicado en Juan Manuel de Rosas y Córdoba– para exigir que el Senado de la Nación apruebe, en la sesión prevista para esta tarde, la Ley de Emergencia en Discapacidad. También hubo manifestaciones frente al Congreso, en Capital Federal.

En diálogo con Conclusión, el presidente de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes), Pablo Bolego, explicó en qué consiste el proyecto que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y que podría ser tratado y aprobado por el Senado durante este jueves: “Es una ley que busca garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las pensiones. También contempla la adecuación arancelaria de las prestaciones, porque desde diciembre del año pasado que no se reciben aumentos y el último incremento fue del 0,5%. Así no se puede seguir, no encontramos transportistas que quieran brindarle servicios a las personas con discapacidad, los centros están cerrando endeudados con Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). La situación es límite. Esta ley tiene que salir hoy”.

El transportista también aseguró que la auditoría que el gobierno de Milei realizó sobre las pensiones por discapacidad en realidad fue un “recorte”, y denunció irregularidades en el proceso de citación de los afectados: “Les mandaban telegramas en direcciones que no existían y no estaba garantizada la accesibilidad de los lugares, que no estaban capacitados para tanta gente y algunos no tenían ni donde sentarse”.

“El Presupuesto 2024 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ya contemplaba 200.000 pensiones menos, independientemente de lo que arrojara la auditoría. Buscan llevar adelante un ajuste brutal en materia de pensiones para personas con discapacidad”, completó Bolego.

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La protesta tuvo lugar durante la mañana de este jueves frente al Concejo Municipal. Denuncian un feroz… pic.twitter.com/azlpeN9jZ6

— Conclusión (@ConclusionRos) July 10, 2025

También refutó al Gobierno nacional, que dice que el impacto fiscal de las pensiones por discapacidad es elevado: “Existe una Oficina de Presupuesto del Congreso que estableció que los fondos para estos fines deben ser el 0,03% del Producto Bruto Interno (PBI). Hay que terminar con la mentira y la crueldad”.

En relación a la aprobación de la ley, el titular de Atraes manifestó: “Tenemos muchas expectativas de que esto salga, sabemos que el presidente puede vetarla también. No sabemos cuál será el destino de la ley ni el nuestro, pero sí sabemos que no hay fuerza que vaya en contra del amor y el compromiso que tenemos todos los que estamos acá por defender una ley que garantiza la accesibilidad de las personas con discapacidad”.

Y cerró: “Este es el último suspiro. Si la ley no se aprueba no llegamos a fin de año. Hemos pedido tanto al Concejo Municipal como a la provincia que declare la emergencia en discapacidad, lo que permitiría una serie de medidas paliativas relacionadas a tasas e impuestos, que garantizarían que podamos continuar hasta fin de año”.

“Actualmente la pensión es de $270.000. En muchos casos las personas las gastan en un solo medicamento de los que tienen que tomar. Es necesario que nos escuchen”, finalizó Bolego.

También en Buenos Aires

La Fundación de Desarrollo Humano Integral, la organización Argentina Humana Inclusiva y el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras asociaciones, concentraron frente al Congreso para exigir la sanción definitiva de la Ley de Emergencia.

Desde la Fundación de Desarrollo Humano Integral indicaron que “la discapacidad está en una crisis al borde del colapso”, no sólo por las asignaciones que muchas personas ya no reciben, sino también porque hay un “vaciamiento” en la Agencia Nacional de Discapacidad.

“En la Agencia Nacional de Discapacidad hubo 340 despidos y un retroceso al modelo médico, además de un recorte del 19% acumulado del presupuesto desde 2023. Las prestaciones están paralizadas, sin aumentos desde noviembre de 2024 y las obras sociales están desreguladas. Hay más de 500.000 personas afectadas y un millón auditadas sin garantías y sin nuevas pensiones”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que también hubo recortes en transporte y en tratamientos de salud mental y aseguraron que la discapacidad “no puede ser una variable de ajuste”.

Por otra parte, fuentes de la Agencia Nacional de Discapacidad declararon que en los próximos meses las problemáticas dentro del área “cada vez serán peores” y que casi el único ítem importante que tiene la Agencia en agenda es “recortar pensiones” sin importar el modo o a quienes afecte.