Proponen eliminar los tratamientos de cambio de género con fondos públicos
El proyecto que ingresó al Congreso busca modificar la Ley de Identidad de Género para impedir que el Estado financie tratamientos hormonales o cirugías de adecuación corporal. La iniciativa ya generó rechazo en sectores de Derechos Humanos y diversidad.
Un grupo de diputados nacionales del PRO y La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley que propone eliminar el financiamiento estatal de los tratamientos de cambio de género. La iniciativa, impulsada por Gerardo Milman, Lilia Lemoine y Carlos Zapata, apunta a modificar la Ley de Identidad de Género (N.º 26.743) y prohibir el uso de recursos públicos para terapias hormonales o intervenciones quirúrgicas destinadas a adecuar el cuerpo a la identidad autopercibida.
Este proyecto tiene el objetivo no sólo prohibir la utilización de fondos públicos para los tratamientos sino también los programas de obras sociales o el Plan Médico Obligatorio (PMO) o cualquiera que tenga financiación de fondos públicos. “El Estado no debe financiar, promover ni imponer la identidad de género en las personas”, sostuvo el diputado que considera eliminar la posibilidad, que tienen hasta hoy, los mayores de 18 años y que dicha Ley ampara.
En la misma sintonía, sostiene que el Estado junto a todos sus órganos, dependencias, entidades descentralizadas y empresas con participación estatal deberán “abstenerse de promover, financiar, difundir o imponer construcciones ideológicas sobre el género o la sexualidad», señalaron los legisladores.
Por su parte, Milman sostuvo que “no negamos la libertad individual ni el derecho de toda persona a autodefinirse conforme a su vivencia interna del género. Reafirmamos el principio liberal de soberanía del individuo sobre su propio cuerpo y vida, encuadrándolo en un marco que respeta los límites naturales del orden jurídico, la neutralidad ideológica del Estado, y el principio de no agresión fiscal hacia los contribuyentes”.
Por otra parte, remarcó que con la sanción de la Ley 26.743 “se utilizó al Estado” para intervenir, financiar, promover e imponer determinadas concepciones culturales, lingüísticas y médicas “que no gozan de consenso social ni científico”, y que no debían ser objeto de financiamiento público “compulsivo.”
“El Estado no debe intervenir condicionando a terceros para que financien la decisión personal de aquellos que deciden sobre su identidad y su proyecto de vida. Tampoco puede suplantar la patria potestad cuando un menor quiere cambiar de género. Los padres deben dar su autorización y consultar con los profesionales correspondientes si el deseo de su hijo/a es real o está motivado por campañas impuestas por ciertos sectores de la sociedad,” concluyó.