Nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina sacuden al Gobierno
La Justicia ordenó registros simultáneos en todas las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad y en la droguería Suizo Argentina en una causa que investiga supuestas coimas vinculadas a audios filtrados de Diego Spagnuolo.
El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este viernes un nuevo capítulo judicial. El juez federal Sebastián Casanello ordenó cuatro nuevos allanamientos simultáneos en dependencias del organismo estatal y en la droguería Suizo Argentina, empresa señalada como beneficiaria de contrataciones irregulares con retorno de fondos.
Los procedimientos, ejecutados por la Policía de la Ciudad, comenzaron poco antes del mediodía y alcanzaron también oficinas de atención al público de ANDIS en horario laboral. La medida busca profundizar la recolección de pruebas vinculadas a un esquema de presuntas coimas detectado tras la filtración de audios atribuidos al ex director del organismo, Diego Spagnuolo.
“Ya no es más el cinco, vas a tener que poner el ocho… lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia”, se escucha en uno de los audios que detonaron la causa. La mención a supuestos porcentajes en licitaciones y contactos con autoridades del Ejecutivo encendieron alarmas en la Justicia, que ya dispuso una batería de medidas de prueba.
La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, incluye el secuestro de teléfonos, documentación, computadoras y sobres con dinero. En la vivienda de Emmanuel Kovalivker, uno de los directivos de Suizo Argentina, se incautaron más de 200 mil dólares y 7 millones de pesos. También se bloquearon las cajas de seguridad de varios imputados, incluidos miembros de la familia Kovalivker y el exfuncionario Daniel Garbellini.
El impacto político no se hizo esperar. Spagnuolo fue desplazado del cargo por el Gobierno tras la difusión del material, y tanto la oposición como referentes del oficialismo debieron salir a dar explicaciones. Entre los señalados en los audios también aparece el subsecretario Eduardo «Lule» Menem, muy cercano a Karina Milei, aunque ambos negaron cualquier participación en las contrataciones del organismo.
El juez Casanello también ordenó investigar registros de entrada y salida en barrios privados del complejo Nordelta, donde residen algunos de los sospechosos, y puso la lupa sobre eventuales maniobras para evitar las acciones judiciales.
Mientras tanto, el expediente continúa bajo secreto de sumario. La Justicia aún evalúa los elementos recolectados y no se descarta que en los próximos días se dicten nuevas indagatorias o medidas cautelares.
La causa representa un fuerte desafío para la administración de Javier Milei, que hizo de la austeridad y la transparencia banderas centrales de su gestión. La denuncia original, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, incluye al propio presidente, su hermana Karina Milei, Spagnuolo, Menem y los dueños de la droguería, por los delitos de cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita.
Desde el Gobierno sostienen que se trata de una “operación política” orquestada por sectores opositores, mientras la investigación avanza con creciente interés mediático y judicial.