Misión de la ONU alerta sobre el aumento de la persecución política en Venezuela

Una misión de expertos designados por la ONU alertó este lunes sobre el alarmante aumento de la persecución política en Venezuela. En su informe, la Comisión de Determinación de los Hechos indicó que la represión intensificó especialmente después de las elecciones presidenciales de 2024, señalando que el Estado venezolano continúa cometiendo crímenes de persecución política.

La misión también destacó que, ante la incapacidad de la justicia nacional para investigar o sancionar estos abusos, las víctimas de la represión solo tienen como opción recurrir a instancias internacionales para buscar justicia.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión, Marta Valiñas, indicó que las investigaciones realizadas durante el último año revelaron un fuerte repunte en las violaciones a los Derechos Humanos, particularmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Durante este periodo, la represión se incrementó, especialmente en momentos de alta tensión política, como la toma de posesión de Nicolás Maduro en enero de 2025, que estuvo marcada por detenciones masivas.

Asimismo, la misión subrayó que, frente a la falta de voluntad de las autoridades nacionales para abordar las violaciones, la única opción viable para las víctimas de la represión es recurrir a las instancias internacionales para buscar justicia.

El informe presentado en Ginebra aporta nueva evidencia sobre la brutalidad de la represión, en particular en el contexto postelectoral. Se registran las muertes de 25 personas durante las protestas, de las cuales 14 fueron debidamente documentadas.

De estas, doce muertes involucraron a las fuerzas de seguridad, tal el caso, durante una de las protestas en Maracay, estado Aragua, la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército dispararon munición real contra los manifestantes, causando la muerte de seis personas, una de ellas a quemarropa con una escopeta.

A pesar de estos testimonios y la evidencia recabada por la misión, la Fiscalía venezolana sostiene que los cuerpos de seguridad no tuvieron responsabilidad alguna y culpó a la oposición de los hechos, generando un entorno de impunidad.

Además, la misión también denunció que, a pesar de la magnitud de la represión, el gobierno de Maduro sigue negando las acusaciones y acusando a los comisionados internacionales de trabajar en función de un cambio de régimen político en Venezuela.

En respuesta a las críticas del embajador venezolano, Alexander Yañez, quien descalificó las investigaciones, Marta Valiñas y otros miembros de la misión reafirmaron que las evidencias documentadas son claras y no pueden ser ignoradas.

También, subrayaron que las víctimas de estos crímenes no pueden esperar más tiempo por justicia, especialmente considerando que la Corte Penal Internacional aún está investigando los crímenes cometidos durante las protestas de 2017.

En cuanto a la situación política interna, la misión también apuntó que las elecciones presidenciales de 2024 fueron vistas como fraudulentas por la oposición, que reivindica su victoria.

A pesar de las denuncias de fraude y represión, el gobierno de Maduro sigue ejerciendo un control autoritario, mientras que las instituciones nacionales se ven completamente subordinadas al Ejecutivo, lo que dificulta cualquier tipo de justicia interna. Frente a esta realidad, las voces internacionales continúan insistiendo en que la única salida para los afectados por la persecución política en Venezuela es la intervención de organismos internacionales.