MIéRCOLES, 03 DE JUN.

Senado: proyectos para proteger el sistema nuclear argentino fueron ninguneados por Provincias Unidas

En la reunión de las comisiones que abordaron la materia, aparecieron relevantes datos políticos, y de negocios. El temas es sensible para el norte, el nombre de Barry Bennet volvió a sonar, y desde que se conoció que el asesor de Trump se reunió con algunos gobernadores, todo cobró sentido. Por ahora no se puede detener el avance de las privatizaciones.

El miércoles pasado se reunieron las comisiones de Minería y Ciencia y Tecnología en la Cámara alta, con el objeto de analizar  tres proyectos que se focalizan en declarar al sistema nuclear argentino como bien estratégico, no enajenable, y a garantizar la protección del ciclo nuclear nacional. La posibilidad de dictaminar la defensa de Nucleoléctrica Argentina SA (NA-SA), se esfumó cuando el correntino Camau Espinola decidió ausentarse, al igual que un grupo de senadores oficialistas y aliados que impidió conseguir el quorum necesario.

Si bien se trataba de encuentro de carácter informativo, ya que asistieron dos representantes del sistema científico nacional, como Martín Iofrida, secretario general de la Asociación de Profesionales de la Comisión de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, y Diego Hurtado, doctor en física e investigador principal del Conicet para apoyar las iniciativas, nada impedía que con la firma de los legisladores de ambas comisiones, dieran un fuerte respaldo a la defensa de empresas estratégicas sacándolas del listado de privatizaciones que impulsa el gobierno.

Al tomar la palabra Martín Iofrida manifestó su aval a las propuestas legislativas y el riesgo que existe enajenar Nucleoeléctrica Argentina (NASA), empresa a la que consideró “parte sustancial del patrimonio nacional”. Además, alertó sobre la migración de científicos provocada por la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, y llamó a defender la soberanía nuclear del país.

Señaló además que “el uranio en nuestro país alcanza para 70 años, en el mundo es muy grande el comercio de este mineral; ¿cómo se puede plantear la exportación si apenas alcanza para Argentina? Además, ¿quién la haría y cuáles serían sus beneficios?”.

Por su lado, Diego Hurtado remarcó que los proyectos en debate expresan una autentica política de Estado dirigida a evitar el desmantelamiento del sector, como ocurrió en la década del 90. Tambien habló de la endeblez que sistema energético al calificarlo de ,“desequilibrado” y destacó que la prioridad es resguardar el desarrollo científico y tecnológico nacional. Hurtado manifestó que “sin el Estado no tendríamos Nucleoeléctrica, YPF, y otros organismos».

Entre tantos análisis, dijo que Argentina tiene «uranio en el territorio argentino solo para nuestro plan nacional nuclear y el Gobierno quiere exportarlo como materia prima, quitándonos un recurso estratégico».

Más allá del título de la nota, lo que pasó en esa trasciende el ninguneo, el senador José Mayans, afirmó ante los que se encontraban presentes «A mí me sorprende la ignorancia o la hijoputez que puede haber en esto», tras advertir que le habían vaciado el plenario de comisiones.

Tanto Carlos Camau Espinola, como el santacruceño José María Carambia y el santafecino Eduardo Galaretto, representan territorialmente, a distritos cuyos gobernadores conformaron la entente denominada Provincias Unidas. A los que se sumaron la mendocina Mariana Juri y la misionera Sonia Rojas Decut.

Mayans intentó conformar dos tercios y que los proyectos fueran tratados en el recinto, sin embargo, los radicales representados por Eduardo Vischi, y los dialoguistas lo instaron a que el tema sea tratado en comisiones. La excusa de los radicales fue que si se aprobaban las iniciativa lo capitalizaría el peronismo electoralmente. El planteo se cayó cuando este miércoles, quienes proponían el tratamiento en comisiones, pegaron el gran faltazo.

el 79 por ciento de las acciones de NA-SA se encuentran en poder del Ministerio de Economía, el 1 por ciento lo posee Enarsa y el 20 por ciento la CONEA. El decreto 695/25 pretende que al Estado le quede un 51 por ciento, un 5 por ciento pase a manos de los trabajadores y el 44 por ciento restante se pueda enajenar.

«Demian Reidel está haciendo negocios inmobiliarios con esto, con un tema estratégico del país». «A mí me sorprende la ignorancia o la hijoputez que puede haber en esto», dijo.

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