¿Cómo fue la operatoria para adquirir 10 millones de dólares, con cepo, que habilitó el juez Gastón Salmain?
Dos fiscales investigan el magistrado federal de Rosario por presuntos hechos de corrupción. Le secuestraron el teléfono, pero no entregó la clave. El rol de un arrepentido para avanzar en el caso.
El juez federal de Rosario Gastón Salmain es investigado por un presunto hecho de corrupción al haber otorgado una medida cautelar en diciembre de 2023 que permitió a la firma Attila Fideicomisos SRL, vinculada al financista local Fernando Whpei -imputado y con prisión preventiva en la causa que se le sigue al ex magistrado Marcelo Bailaque-, comprar 10 millones de dólares en el mercado único libre de cambio (MULC) cuando existía un cepo para la adquisición de divisas. La hipótesis de los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay Molina es que los dólares comprados a valor oficial fueron vendidos en el mercado paralelo (blue) y que el juez se habría beneficiado con parte de esa ganancia. El viernes el magistrado entregó el teléfono celular cuando Gendarmería llegó a su domicilio del barrio porteño de Belgrano, pero no dio el patrón ni la clave de acceso. Es un moderno Ihpone 17, muy difícil de abrir.
En paralelo, Salmain es investigado por el intento de quedarse con las causas que involucraban al ex director de la Afip Rosario (hoy Arca), Carlos Vaudagna, quien está imputado junto a Bailaque por pedirle coimas a un operador de bolsa luego de abrirle una causa a partir de una denuncia falsa. La víctima declaró que le pidieron 200 mil dólares y que pagó 160 mil, en cuotas que le cobraba el financista y amigo de Bailaque, Fernando Whpei.
Vaudagna y Whpei se acogieron al régimen de imputado arrepentido y, a cambio de la reducción de una posible pena, brindaron información sobre las opacas operatorias de las que participaron junto al juez federal que renunció meses atrás, antes de que el Consejo de la Magistratura lo destituyera.
Cómo comprar 10 palos verdes con cepo
La firma Attila Fideicomisos SRL -en la que Whpei no aparece como accionista pero estaría vinculado, según dijeron a Conclusión fuentes de la investigación- en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso Privado Double Blue Argentina Credit Trust II inició en noviembre de 2023 una acción de inconstitucionalidad contra el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El planteo judicial, que fue a parar al juzgado de Salmain, tenía por objeto que se declare inconstitucional un artículo de una circular del BCRA que había impuesto restricciones a la compra de dólares en el mercado oficial, por su cíclica escasez. Attila argumentó que había contraído una deuda en dólares en noviembre 2018 con entidades extranjeras, el DB ACF Netherlands y Sollaria Performance Group Hospitallity LLC, que debía pagar porque corrían elevados intereses y que necesitaba adquirir los dólares oficiales para cancelar ese crédito.
Las restricciones a la compra de dólares -popularmente denominada cepo- habían sido impuestas por el gobierno de Mauricio Macri en agosto de 2019, en medio de una corrida y luego de acudir al megapréstamos del FMI, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 609/19.
El 5 de diciembre de 2023, el juez Salmain le otorgó a Attila Fideicomisos SRL (Whpei) la cautelar que le permitiría la compra de 10 millones de dólares al valor oficial. La operación se hizo a través de Reba Compañía Financiera S.A, del grupo local liderado por Horacio Angeli, que en cumplimiento del fallo “procedió a aplicar la totalidad de los fondos existentes a la cuenta de la actora ($931.210.942) para, luego de gastos y comisiones adquirir en el MULC la cantidad de U$D 1.128.850, señalando que ‘al momento no existen más fondos en la cuenta corriente de la actora’”, que es el fideicomiso Attila.
La Fiscalía apeló la resolución de Salmain y, entre otros argumentos, expuso que “la sentencia se convierte en un cheque en blanco para que la accionante pueda ir administrando a su tiempo en la medida que vaya juntando los pesos necesarios a tal fin”. El 1º de marzo de 2024 la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó la resolución de Salmain, pero ya era tarde: la operatoria de compra de dólares al precio oficial y su presunta reventa en el mercado paralelo ya se habría realizado.
En su fallo, la Cámara señaló que de acuerdo a la documentación aportada por Attila SRL en la causa, “el vencimiento originario del contrato” de deuda con las entidades financieras “operaba el 01/02/2022 y la deuda se habría reestructurado el 30/09/2020, cuyo vencimiento habría operado el 30/09/2022, es decir, hace más de un año”.
Además, dice que “surge de los propios dichos de la actora que la falta de cumplimiento no estuvo vinculada a la falta de acceso al mercado de cambios sino a que no contaba con dinero suficiente para hacerlo”, lo cual avala la hipótesis de que se trató de una posible maniobra para comprar dólar barato y venderlo caro.
Al solicitar la cautelar para adquirir las divisas, el Fideicomiso Attila había argumentado que la regulación del cepo no establecía “plazo para expedirse al BCRA”, de manera tal que la autorización cursada a la autoridad monetaria podía extenderse sin plazo, en detrimento del pasivo que debía cancelar el fideicomiso.
Pero el BCRA respondió que nunca existió una solicitud de autorización para adquirir los 10 millones de dólares por parte de Attila. Dice el fallo de la Cámara: “La actora en su escrito de inicio afirmó en diversos pasajes que había una conducta omisiva del BCRA al no otorgarle la autorización para acceder al mercado de cambios. Sin embargo, no logró acreditar que hubiera cursado solicitud alguna ante dicha entidad para obtener la autorización pertinente”. Cuya negativa, en todo caso, habría habilitado a acudir al Poder Judicial.
En otro párrafo, el tribunal de alzada consideró que “las pruebas aportadas por la actora no resultan suficientes para tener por acreditada la veracidad de la deuda y el carácter genuino de la operación”. Es decir, ni una cosa ni la otra.
Teléfono sí, contraseña no
Si bien la polémica resolución de Salmain habilitando a un fideicomiso a adquirir 10 millones de dólares a valor oficial eludiendo los requisitos establecidos entonces llamó la atención, lo que derivó en un avance de la investigación fue el aporte de un arrepentido en el caso, que aportó en su testimonio que el magistrado se habría quedado con una “comisión” de la ganancia obtenida.
Por ese motivo, el jueves de la semana pasada los fiscales solicitaron el secuestro del teléfono del juez federal. Por un aparente error, la medida que debía ser secreta se publicó en el sistema Lex 100 que utiliza la Justicia Federal, por lo que terminó siendo de acceso a todos los operadores judiciales.
En un primer momento había trascendido que los fiscales solicitaron el allanamiento del despacho del juez, pero voceros del caso dijeron a este diario digital que eso no fue así. Sólo se requería secuestrarle el teléfono móvil, como ocurrió en su momento con el juez Bailaque.
Tras no presentarse en su despacho y permanecer 32 horas sin poder se contactado, Gendarmería llegó hasta el domicilio del Salmain en el barrio porteño de Belgrano, donde entregó su Iphone 17, sin aportar la clave de desbloqueo. No es una tarea sencilla por la seguridad que la empresa Apple aporta a esos equipos. De hecho, el celular de Bailaque todavía no pudo ser abierto.
En paralelo, Salmain enfrenta un proceso disciplinario ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, que investiga la omisión del magistrado al presentarse en varios concursos para acceder al cargo, que había sido expulsado de la Justicia Federal de Capital Federal hace dos décadas, por ofrecer un soborno para direccionar un expediente judicial.