Militares norteamericanos confirman que el barco atacado por Trump no transportaba narcóticos ni se dirigía a Estados Unidos
El almirante Frank Bradley aclaró que la embarcación atacada en septiembre no llevaba drogas ni tenía como destino Estados Unidos, lo que contradice las afirmaciones del titular de la Casa Blanca.
En una sesión ante el Congreso, el almirante Frank Bradley, responsable de las operaciones militares en Sudamérica, confirmó que la embarcación atacada el 2 de septiembre en el Caribe no transportaba narcóticos ni se dirigía a Estados Unidos, tal como había afirmado Donald Trump. En lugar de eso, la nave tenía como destino Surinam, un país ubicado en el norte de Sudamérica. Este reconocimiento ha generado un giro en la narrativa oficial y ha planteado dudas sobre el uso de la fuerza en las operaciones antidrogas.
La declaración de Bradley surgió luego de una sesión informativa en la Cámara Alta, donde tanto demócratas como republicanos pidieron explicaciones sobre lo ocurrido. En el marco de este proceso, el senador demócrata Jack Reed expresó estar «profundamente perturbado» por el video divulgado y solicitó que se haga público. Reed señaló que esta sesión «confirmó sus peores temores sobre la naturaleza de las actividades militares del Gobierno de Trump».
A pesar de la revelación de Bradley, que dejó claro que la embarcación no iba rumbo a Estados Unidos, el almirante justificó el ataque al argumentar que, aunque el destino final fuera Surinam, existía la posibilidad de que parte del cargamento terminara en Estados Unidos.
Sin embargo, esa premisa fue refutada por expertos en control de drogas, quienes explicaron que las rutas que atraviesan Surinam alimentan principalmente los mercados europeos, y no los de Estados Unidos, que en los últimos años han desplazado sus operaciones hacia el Pacífico.
Además, Bradley reconoció que los sobrevivientes del primer ataque hicieron señales hacia la aeronave militar, aunque no aclaró si estas indicaban una solicitud de ayuda o un intento de rendirse. Mientras tanto, la operación, que consistió en cuatro ataques consecutivos contra una embarcación ya partida en dos, derivó en una investigación en el Congreso estadounidense.
Este caso reavivó el debate sobre los límites y la legalidad de las operaciones antidrogas en el Caribe, especialmente en relación con el uso de la fuerza letal contra los navegantes, lo que generó fuertes críticas en diversos sectores políticos.