La represión como política de disciplinamiento: más de 2.500 heridos desde el comienzo del Protocolo Antipiquetes
De acuerdo con los registros de organizaciones de derechos humanos, entre 2024 y 2025 se contabilizaron al menos 2.557 personas afectadas por el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, incluyendo impactos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física generalizada.
Al cumplirse dos años de la entrada en vigencia del Protocolo Antipiquetes, Amnistía Internacional denunció un grave deterioro de la libertad de expresión y de reunión en la Argentina, con más de 2.500 personas heridas durante manifestaciones y un aumento sostenido de la represión estatal.
La Resolución 943/2023, denominada oficialmente «Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación», fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y considera delito toda manifestación que afecte la circulación, habilitando desalojos y detenciones sin orden judicial, en contradicción con estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
«La escalada represiva es innegable y evidencia un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal no solo aumentó, hoy está naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social», afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
CIFRAS ALARMANTES, HERIDOS GRAVES Y ATAQUES A LA PRENSA
De acuerdo con los registros de organizaciones de derechos humanos, entre 2024 y 2025 se contabilizaron al menos 2.557 personas heridas por el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, incluyendo impactos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física generalizada.
Los datos reflejan un incremento exponencial de la represión. En 2025, la Comisión Provincial por la Memoria registró 1.341 personas heridas y 165 detenidas, mientras que en todo 2024 se habían contabilizado 1.216 heridos y 93 detenciones, lo que implica un aumento del 77% en las detenciones, en su mayoría arbitrarias y sin pruebas suficientes.
Se registraron además cuatro casos de pérdida ocular permanente por disparos de balas de goma. Entre los más graves, el 12 de marzo de 2025, Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras un disparo de un agente de la Prefectura Naval durante una marcha de apoyo a jubilados. En noviembre del mismo año, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció una lesión similar en una manifestación en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
La labor periodística también fue blanco de la represión. Al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa resultaron heridos, y varios fueron detenidos de manera arbitraria mientras cubrían protestas. Amnistía Internacional advirtió que estos ataques buscan un efecto silenciador, enviando el mensaje de que protestar y registrar la protesta tiene consecuencias.
El caso más grave es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo de 2025 sufrió una fractura expuesta de cráneo tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría una movilización. La Justicia identificó y procesó al gendarme que efectuó el disparo.
Frente a este escenario, Amnistía Internacional y otras organizaciones impulsan una acción de amparo para declarar la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes.
Según la entidad, el Poder Judicial debe garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado argentino y poner fin a una normativa que vulnera la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos.
NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Estos hechos no hacen más que poner en tela de juicio el rol del Gobierno nacional ante cada jornada de protesta. El Ejecutivo de Javier Milei recurrió a todo el aparato represor del Estado, mediante el abuso de autoridad, para dispersar cualquier tipo de disidencia a su modelo de miseria planificada, en donde un sector minoritario de la sociedad se lleva los mayores dividendos mientras el grueso del pueblo argentino padece políticas de hambre, con retrocesos históricos en materia de derechos y un ajuste sin precedentes.
El uso de la fuerza le dio a la Casa Rosada el bastión para sostener un proyecto político y económico que tuvo que ser rescatado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para seguir con aspiraciones de poder. El apoyo de las urnas en octubre resultó clave para mantener la hoja de ruta marcada por el establishment financiero, a costa del sufrimiento de gran parte de los trabajadores y trabajadoras nacionales.