¿Vía libre para la evasión?: de qué trata el proyecto de Inocencia Fiscal que votará el Senado
La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados”.
El proyecto que busca instaurar el Principio de Inocencia Fiscal, impulsado por La Libertad Avanza, será debatido este viernes en el Senado y podría terminar la jornada convertido en ley. La iniciativa aplicaría una serie de modificaciones normativas que incentivan el uso de dinero no declarado e implementa un régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias.
La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.
Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.
Esto implica que Arca sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.
El artículo 39 del proyecto «establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por Arca y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos».
El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.
En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).
Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. Esto significa que, si una persona o empresa realiza un acto de evasión en 2025, a partir de 2028 el organismo recaudador no podrá exigir su pago o tramitar una denuncia.
“Con esta ley estamos garantizando que ningún gobierno del futuro podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada. Ninguna administración de otro signo político que busque continuar con su adicción a la persecución podrá volver a tratar a todos los argentinos como delincuentes”, sostuvo el titular de Arca, Juan Pazo, al defender este proyecto.
Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.
Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.
El proyecto completo