El Gobierno apeló la Ley de Financiamiento Universitario y pidió suspender su aplicación
La administración de Javier Milei presentó un recurso ante la Justicia y no descarta llegar a la Corte Suprema para frenar la norma.
El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro, presentó un recurso ante la Cámara Federal con el objetivo de suspender la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco de una estrategia judicial que busca frenar su implementación mientras se discute su constitucionalidad.
En este contexto, el oficialismo plantea dos líneas de acción bien definidas. Por un lado, sostiene la decisión de no transferir fondos a las universidades hasta que se expida la Corte Suprema, al considerar que la ley es inconstitucional porque no especifica el origen de los recursos necesarios para su financiamiento.
Asimismo, desde el entorno del presidente Javier Milei argumentan que la aplicación de la norma tendría un costo estimado de 2,5 billones de pesos. Sin embargo, aseguran que este monto no necesariamente implicaría un aumento del déficit fiscal, ya que podría compensarse mediante recortes en áreas como obra pública o transferencias a las provincias.
En este contexto, el Gobierno también evalúa la posibilidad de impulsar una nueva ley de financiamiento universitario. No obstante, aún no cuenta con los consensos necesarios en el Congreso para avanzar con esa iniciativa, lo que agrega incertidumbre al panorama legislativo.
Por otra parte, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advierten que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde 2023, lo que agrava la situación del sistema educativo. En este sentido, su presidente, Franco Bartolacci, calificó el escenario como “extremadamente crítico” y alertó sobre el deterioro progresivo del financiamiento.
Sin embargo, desde el ámbito universitario advirtieron que, de no haber respuestas concretas, podrían intensificarse las medidas de protesta. En consecuencia, señalaron que apelarán tanto a las autoridades como a la sociedad en general para visibilizar el conflicto, en defensa del cumplimiento de la ley y del funcionamiento de las universidades públicas.