Amenazas en escuelas: se registraron 404 denuncias en toda la provincia y la mitad fueron en Rosario
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, en las que se secuestraron 51 efectos entre celulares, armas blancas y de fuego.
Tras la seguidilla de amenazas de tiroteos y asesinatos en escuelas de la provincia de Santa Fe -que se replican también en otras jurisdicciones-, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindó este jueves un detalle de lo actuado hasta el último martes, momento hasta el que recibió 404 denuncias por esos hechos y realizó 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias en distintas localidades. A la vez, los fiscales de las cinco regionales identificaron a “73 personas responsables” y secuestraron armas blancas y de fuego, celulares y proyectiles. La mitad de las denuncias corresponden a Rosario y la zona.
“Estos graves hechos son delitos que se encuentran siendo investigados”, indicaron desde el MPA en un comunicado difundido este jueves. Y recordaron que el fenómeno de las pintadas amenazantes en las escuelas y por vía digital se desató “luego del cruel homicidio del adolescente de 13 años Ian Cabrera y de dos tentativas de homicidios ocurridos el lunes 30 de marzo pasado en una escuela de San Cristóbal”.
Desde entonces, señaló el organismo, “se han suscitado numerosas amenazas en establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe”, las cuales “se efectuaron a través de carteles, pintadas, mensajes de tiroteos, incluso acompañados, en algunos casos, de armas reales o de juguetes y/o material balístico”.
Los datos oficiales del MPA indican que al 21 de abril se recibió “un aproximado de 404 denuncias en toda la provincia” de acuerdo al siguiente detalle: 75 a la Fiscalía Regional Nº 1 (con cabecera en la ciudad de Santa Fe); 238 a la Regional Nº 2 (Rosario); 33 ingresaron en la Fiscalía Regional Nº 3 (Venado Tuerto); 23 en la Nº 4 (Reconquista); y 35 en la Regional Nº 5 (Rafaela).
Como resultado de las actuaciones que motorizaron esas denuncias, hasta el martes en toda la provincia se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, secuestrándose aproximadamente 51 efectos entre celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22, detalló el comunicado oficial.
Asimismo, “se han identificado al menos 73 personas responsables, de las cuales 15 corresponden a la Fiscalía Regional Nº 1; 23 Fiscalía Regional Nº 2; 17 Fiscalía Regional Nº 3; 4 Fiscalía Regional Nº 4; y 14 Fiscalía Regional Nº 5”. De todas las personas identificadas, “aproximadamente el 95% son personas menores de edad”, precisó el MPA.
En este contexto, remarcaron desde el organismo, “se solicita a padres, familiares y personas adultas, sean o no convivientes, extremar de manera rigurosa las medidas de seguridad sobre cualquier arma de fuego o material balístico”.
Por último, indicaron que “es imperativo que dichos elementos permanezcan bajo llave en espacios de guardado seguros y completamente fuera del alcance de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La responsabilidad en la guarda es un factor determinante para prevenir conductas de riesgo”.
El que la hace, la paga
Desde el Gobierno de Santa Fe se informó durante esta semana que realizar pintadas, difundir mensajes en redes sociales o generar falsas alarmas que amenacen a instituciones educativas configura el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal de la Nación, y que es sancionado con penas de prisión.
Además, se advirtió que se avanzará en la identificación de los responsables para su sometimiento a los procesos correspondientes dentro del fuero penal juvenil. En la misma línea, durante una conferencia de prensa en la Casa Gris, los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Educación, José Goity, indicarn que los operativos de seguridad que deban realizarse por falsas denuncias pasarán a cobrarse a las familias de los autores. Se trata de multas de entre 5 y 6 millones de pesos.
“Este tipo de amenazas virales de TikTok no son una broma, implican un delito que está tipificado en la Código Penal de la nación y trae consecuencias. No solamente hacia aquellos estudiantes que las llevan adelante, sean punibles o no, sino para la propia familia. Tenemos que entender que esta es una responsabilidad colectiva», dijo el ministro Goity.