Condenan a una familia gitana por obligar a una niña a casarse, tras ser rescatada por Gendarmería

Una investigación encabezada por la Justicia federal y Gendarmería Nacional permitió rescatar en San Juan a una niña que había sido obligada a contraer matrimonio y sometida a múltiples situaciones de violencia. El caso salió a la luz tras una denuncia anónima al 911 y derivó en un amplio operativo que terminó con condenas de 10 años de prisión para los responsables. Según determinaron los investigadores, la menor permanecía privada de su libertad y era víctima de una “unión forzada de hecho” dentro de un grupo de la colectividad romaní.

La investigación se inició en abril del año pasado, cuando una persona realizó una denuncia anónima al sistema de emergencias 911 alertando sobre el posible secuestro de una adolescente en el departamento sanjuanino de Caucete.

A partir de ese momento, se activaron los protocolos de búsqueda y actuación urgente. Poco después, los efectivos lograron interceptar el vehículo señalado en la denuncia. En el automóvil viajaba la menor junto a su hijo recién nacido y acompañada por varias personas adultas.

Posteriormente, las primeras averiguaciones permitieron establecer que la adolescente había sido obligada a casarse con el hijo de esa familia y, además, forzada a asumir la maternidad.

Con el avance de la investigación, las autoridades detectaron que la víctima había atravesado diversas situaciones de violencia, aislamiento, explotación y sometimiento.

Según se reconstruyó en el expediente, la niña fue trasladada constantemente por distintas provincias, entre ellas Neuquén, Córdoba y Santa Fe, en un contexto de control permanente.

La menor, habría sufrido agresiones físicas, violencia psicológica, explotación laboral, restricciones para acceder al sistema de salud, privación alimentaria, aislamiento y limitaciones a su libertad ambulatoria.

En ese marco, la Unidad Fiscal Federal de San Juan coordinó tareas con personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional.

Asimismo, intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas junto a otros organismos especializados.

En ese contexto, las pruebas recolectadas permitieron sostener la acusación judicial y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó a los imputados a 10 años de prisión.

El caso volvió a poner en discusión la problemática de los matrimonios y uniones infantiles en Argentina. Según un informe elaborado por Equality Now y el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), datos de UNICEF revelan que el 15% de las mujeres argentinas de entre 20 y 24 años se casaron o convivieron antes de cumplir los 18 años. Además, un 2% lo hizo antes de los 15 años.

A la par, un estudio realizado por la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) estimó en 2019 que cerca de 340.000 adolescentes en el país estaban casadas o convivían con hombres mayores, muchas veces con diferencias de edad de entre cinco y diez años.

Según especialistas, esa situación genera una relación desigual de poder y aumenta los riesgos de violencia y vulnerabilidad.

¿Qué dice la ley argentina sobre el matrimonio infantil?

Actualmente, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que las personas menores de 16 años solo pueden contraer matrimonio mediante una dispensa judicial. En cambio, quienes tienen entre 16 y 18 años necesitan autorización de sus representantes legales.

Sin embargo, distintas organizaciones cuestionan que la normativa no fija una edad mínima absoluta para solicitar esa dispensa judicial, lo que deja abierta la posibilidad de habilitar matrimonios infantiles bajo autorización de un juez.

No obstante, en el caso investigado en San Juan, la unión habría sido realizada de manera forzada y sin respaldo legal suficiente, motivo por el cual la Justicia consideró acreditados distintos delitos vinculados a violencia, privación ilegítima de la libertad y sometimiento de la menor.