“Es histórico”: celebran el fallo que le ordenó al Pami restablecer el pago a prestadores del sector de discapacidad
El Juzgado Federal N°3 de Córdoba fue el encargado de dictar la resolución instando al Gobierno a regularizar el esquema de pagos.
El presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), Pablo Bolego, celebró este miércoles el fallo judicial que le ordena al Pami y al Ministerio de Salud restablecer el pago a los prestadores del sector en un plazo máximo de 72 horas.
El Juzgado Federal N°3 de Córdoba, y puntualmente el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, fue el encargado de dictar esta resolución instando al Gobierno a restablecer los pagos, tras un amparo colectivo presentado por instituciones y centros terapéuticos que denunciaron graves demoras en la acreditación de fondos.
“Es histórico. Porque obliga de alguna manera al Gobierno a cumplir en el plazo de 72 horas con la cadena de pagos para que las prestaciones no se corten. Se están cortando, es una realidad. Quienes se sienten más afectadas, por supuesto, son las personas con discapacidad y todos aquellos que brindan apoyo para eso”, afirmó Bolego en declaraciones a Conclusión.
“La verdad que todos los prestadores estamos transitando momentos de muchísima complejidad y, como dice el fallo judicial, en este incumplimiento que lleva adelante el Gobierno nacional se afecta a las personas de manera irreversible”, advirtió el presidente de Atraes.
La medida cautelar fue impulsada por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a distintas entidades vinculadas a la atención de personas con discapacidad, entre ellas Apadim y el Pequeño Cottolengo Don Orione. Además, participaron centros terapéuticos locales que alertaron sobre el riesgo de interrupción de tratamientos esenciales.
Según el fallo, la resolución busca proteger a titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD), garantizando la continuidad de prestaciones médicas, terapéuticas y farmacológicas que se encontraban comprometidas por la falta de pagos.
El conflicto deriva de la negativa que sostiene el Gobierno nacional al momento de cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso para paliar el desfinanciamiento instrumentado por el oficialismo.
“Nosotros creemos que es una decisión política, ideológica, la de no cumplir con la ley. Porque así como se perdonan impuestos y se condonan deudas a las principales corporaciones de este país, se ajusta a un sector tan vulnerable como el de las personas con discapacidad”, resaltó Bolego.