Tensión en la Legislatura de Santa Fe: el debate por la ley de cuidacoches divide posturas políticas y religiosas
La Cámara de Diputados de Santa Fe debatirá este jueves el proyecto que busca prohibir la actividad de los denominados “trapitos”. En la previa, la Iglesia Católica expresó fuertes críticas, mientras sectores evangélicos y funcionarios plantean miradas contrapuestas sobre regulación, contención social y sanciones.
La Legislatura de Santa Fe se prepara para una semana decisiva en el tratamiento del proyecto de ley que busca prohibir la actividad de los cuidacoches. En este contexto, la Cámara de Diputados avanzará el jueves con el debate en el recinto, mientras que el miércoles se llevará a cabo una reunión clave con la participación de la Iglesia Católica, que ya ha anticipado sus objeciones a la iniciativa. Al mismo tiempo, la discusión ha expuesto marcadas diferencias dentro del arco religioso, dado que diversos sectores evangélicos respaldan la sanción de la norma.
Este miércoles se realizará un plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales y Legislación General. Durante el encuentro, los legisladores recibirán a representantes de la Pastoral Social de los arzobispados de Santa Fe y Rosario, quienes manifestarán su preocupación ante lo que consideran una posible criminalización de la actividad.
“Prohibirlos es ponerlos bajo la alfombra”, sostuvo Fabián Monte, vicepresidente de Cáritas Rosario, al expresar la postura de la Iglesia Católica frente al proyecto. En sintonía, el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, remarcó que “no hay que prohibir a los ‘trapitos’, sino ordenarlos”, enfatizando la necesidad de buscar alternativas de regulación.
En paralelo, participarán del encuentro representantes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, quienes solicitaron exponer sobre el impacto social de la iniciativa en los grandes centros urbanos. Con estas instancias, la Legislatura busca ampliar el debate antes de la votación prevista para el jueves. Cabe destacar que el proyecto en discusión, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone incorporar sanciones e incluso la posibilidad de arresto para quienes ejerzan como cuidacoches sin autorización en ciudades donde la actividad esté prohibida; asimismo, establece que la aplicación de las contravenciones quede a cargo de los municipios.
En este marco, el oficialismo de «Unidos» analiza posibles modificaciones al texto original tras escuchar las distintas posiciones. Según trascendió, el objetivo es consensuar cambios que podrían implicar el regreso del proyecto al Senado para su revisión definitiva. No obstante, existen diferencias internas dentro del propio espacio político: el diputado y pastor evangélico Walter Ghione planteó una mirada crítica sobre la regulación, afirmando que no representa una solución real ni un camino de dignificación, aunque aclaró que se trata de una posición personal de su comunidad.
Ghione advirtió que la actividad “puede derivar en situaciones de extorsión, consumo problemático o control territorial”, subrayando que no se debe “romantizar la pobreza” ni convertir la marginalidad en una identidad permanente, sino promover el trabajo genuino. Por otra parte, en instancias previas, distintos municipios de la provincia plantearon la necesidad de introducir cambios al proyecto del Senado para adecuarlo a las realidades locales y facilitar su implementación.
Desde el área social de Rosario, funcionarios aportaron su visión técnica sobre la problemática. El subsecretario de Abordaje Integral, Gabriel Pereyra, señaló que es necesaria una regulación acompañada de políticas de contención y ayuda económica inicial. Por su parte, el director general de Abordajes Integrales, Alejandro Bonifacino, indicó que, si bien la mayoría de los cuidacoches relevados no se encuentra en situación de calle, muchos atraviesan problemas de consumo y salud mental, lo que requiere un abordaje articulado del Estado.
Finalmente, el debate llega a su instancia decisiva con posiciones divididas entre la prohibición, la regulación y los enfoques de contención social. La votación del jueves en Diputados será un punto clave para definir el rumbo de una política que genera fuertes tensiones institucionales, sociales y religiosas en la provincia.