Sin fomento al consumo: tras haberlos discontinuado, Milei eliminó definitivamente Ahora 12 y Precios Cuidados
El Gobierno, además, eliminó normativas que obligaban a que los colegios privados notifiquen anticipadamente sus aranceles.
- Nacional
- Jun 9, 2026
El gobierno de Javier Milei publicó este martes en el Boletín Oficial una serie de resoluciones y disposiciones mediante las cuales derogó cincuenta y ocho normativas vinculadas al comercio interior. Entre los programas que se eliminaron se encuentran Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados –destinados a controlar los valores de góndolas o facilitar las compras con tarjeta de crédito–, como así también regulaciones que obligaban a las escuelas privadas a notificar sus aranceles.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, en el marco del plan de modernización y simplificación del Estado que lleva adelante la administración libertaria. Desde el Ejecutivo explicaron que las derogaciones “buscan contribuir a una mayor claridad del marco legal y, a su vez, facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica”.
En este sentido, en los considerandos oficiales se explicó que las resoluciones y disposiciones eliminadas habían perdido vigencia, carecían de objeto o generaban distorsiones en el mercado.
Con las recientes disposiciones quedaron eliminadas definitivamente treinta normativas de Ahora 12 y Cuota Simple, junto con una normativa accesoria al programa Precios Cuidados.
Al respecto, se argumentó que “han perdido vigencia los programas de fomento al consumo y la producción de bienes y servicios, al no haberse dispuesto su prórroga”. Además, se apuntó: “La no renovación de dichos programas se inscribe en el marco de un proceso de normalización del mercado de crédito, buscando restablecer las señales de precio y eliminar las distorsiones en la asignación de capital”.
Vía libre para los colegios privados
También se derogaron cuatro normativas que obligaba a instituciones privadas de enseñanza a notificar anticipadamente sus aranceles, ya que según el Gobierno incentivaba “la distorsión de precios al fijarse aumentos preventivos y arbitrarios por parte de los colegios”.
En esa línea, la resolución remarcó que la obligación de informar los valores con antelación y contar con el aval gubernamental para aplicarlos “limitaba su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos, creándoles asimismo una situación de incertidumbre económica”.
Adiós, Fondo Estabilizador del Trigo
Además, se dieron de baja veintidós normativas del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (Feta), un mecanismo de intervención directa que buscaba controlar precios en la cadena triguera.
En la resolución se detalló que tras disponerse la revocación del contrato y la consecuente liquidación del fideicomiso del Feta, “toda la normativa complementaria y reglamentaria dictada para la implementación y operatividad de dicho Fondo ha quedado carente de objeto y de sustento legal”.
Además, quedó sin efecto una normativa que duplicaba mecanismos de atención ya existentes para adolescentes consumidores. De esta manera, el Ejecutivo explicó que “se elimina esta superposición y se concentran los reclamos en un canal especializado que garantiza una respuesta más ágil y eficiente”.
Al resaltar la continuidad de la senda desregulatoria, el Gobierno indicó que “desde diciembre de 2023, la Secretaría de Industria, Comercio y PyME impulsa una revisión integral de la normativa vigente orientada a simplificar el entramado regulatorio y adecuarlo al marco legal actual” y remarcó que “a la fecha se han derogado 240 normas para simplificar el comercio, desburocratizar la gestión y dotar de transparencia al mercado”.

